Declarar la guerra al crimen organizado no puede ser una decisión electoral. Combatir la delincuencia organizada debe ser una decisión de Estado, que a través de una estrategia nacional se libere al Estado de una captura marcada por la violencia, la corrupción y la impunidad. Una estrategia que supere la volatilidad política y se convierta en la hoja de ruta del poder estatal contra la violencia criminal.
Felipe Calderón, presidente de México de 2006 a 2012, en su libro Decisiones difíciles comparte su experiencia al recibir un Estado capturado por el crimen organizado y el necesario Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, para accionar una estrategia clara y consensuada en torno a tres ejes fundamentales: 1) combate a la delincuencia, 2) reconstrucción de agencias y organismos de seguridad y justicia para hacerlas confiables y eficaces, y 3) reconstrucción del tejido social. Tres frentes que evolucionan en la medida en que se transforma el modelo del crimen organizado.
De acuerdo con Calderón, el negocio del crimen organizado transita entre el narcotráfico, el narcomenudeo y el control territorial, tanto de rutas para la exportación de drogas como para su venta al menudeo. La disputa territorial entre grupos rivales es el factor que detona la ola de homicidios, violencia y extorsiones; pero detona también la corrupción institucional y la impunidad judicial. El crimen organizado penetra en la estructura del Estado de manera gradual, empieza con la etapa predatoria, focalizada en el control de barrios por parte de delincuentes y pandillas; la segunda etapa es la parasitaria, donde el crimen organizado controla las estructuras policiales, en esta etapa el Estado y sus instituciones aún se pueden distinguir del crimen organizado, y luego se encuentra la etapa simbiótica, en la que el crimen organizado tiene el control total de las agencias del Estado.
El presidente Calderón hace énfasis en el necesario fortalecimiento institucional, a través de la creación de una nueva policía nacional: una institución dirigida y supervisada por civiles. Un mando civil confiable, eficaz, bien entrenado, bien pagado, con tecnología de punta para conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se implementó un procedimiento de control de confianza, similar al proceso de vetting por el que pasan miembros calificados de agencias como el FBI estadounidense o el MI-6 inglés; este sistema luego se empezaría a aplicar en los propios mandos militares. Y se creó un sistema único de inteligencia criminal que monitoree la dinámica delincuencial para adaptar con mayor agilidad la capacidad de respuesta institucional. Esta estrategia de seguridad nacional, al no tener continuidad en los siguientes gobiernos, significó un esfuerzo fallido contra el crimen organizado.
Consciente de las dificultades para recuperar la paz ciudadana frente al crimen organizado, Calderón señala que estamos frente a un problema de Estado y no del presidente. Enfrentarlo exige superar diferencias partidistas e ideológicas, porque “en la construcción de un país seguro no existen atajos ni salidas fáciles”. (O)
