El 20 de octubre se celebraron los 14 años de la Defensoría Pública. Su vocación fundamental es garantizar el acceso a la justicia de quienes no pueden costear una defensa legal. En su existencia se entrelazan el derecho a la justicia y el ideal de una sociedad más equitativa y solidaria. De hecho, ha asumido la representación de miles de personas en situación de vulnerabilidad, atendiendo más de 300.000 casos solo en el año 2022, en las diferentes áreas del derecho.
Esas cifras revelan la enorme necesidad que existe en el país de ese servicio, donde más del 70 % de los ciudadanos no tiene los recursos para contratar un abogado, según datos del Consejo de la Judicatura. Garantizar el derecho de acceso a la justicia debe ser una realidad para todos los ciudadanos, no solo una aspiración. La Defensoría pública debería ser un faro de esperanza para quienes son vulnerables en los procesos judiciales y no tienen los recursos ni los conocimientos necesarios para enfrentarlo.
Plantea, además, un problema subyacente: ¿en qué consiste realmente la justicia, desde el punto de vista legal? El solo cumplimiento de la norma no asegura la justicia. Muchas veces la ética y la moral parecen reñidas con la norma, o por lo menos la superan cuando deberían complementarla.
Cuando la ciudadanía sostiene que un defensor público que defiende de oficio a un líder de bandas mafiosas es cómplice, es difícil comprender que en realidad está facilitando que la justicia siga su curso y pueda llegarse a una sentencia. Si nadie defiende a un acusado, puede pasar el tiempo y la causa prescribe y logra salir libre. A pesar de los riesgos, el defensor público cumple con su rol y hace lo que otros no arriesgan.
Sin embargo, es importante señalar que la defensa legal no siempre es sinónimo de lograr justicia. Ni tampoco siempre conduce de manera eficaz a la eliminación de las consecuencias de actos ilegales, delincuenciales; muchos de ellos han puesto en riesgo o atentado contra vidas humanas.
Aquí entra en juego la justicia restaurativa que se enfoca en las necesidades de las víctimas. Los infractores deben asumir la responsabilidad y el impacto de sus acciones. No solo recibir un castigo por ellas, sino encontrar maneras de reparar el daño, junto con las víctimas y de acuerdo a sus necesidades. Estas no siempre son solo económicas.
La defensoría pública enfrenta retos significativos y necesita funcionarios preparados, por eso me sorprendió muy gratamente que el titular de la defensoría, el Dr. Ricardo Morales, haya conseguido convenios que lo aseguran. Se entregaron a tres defensores destacados becas de entrenamiento de la Academia de Litigación impartido por Beasley School of Law de la Universidad de Temple, en Filadelfia, otorgadas por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador (incluye pasaje aéreo, hospedaje, alimentación, inscripción, seguro médico), y 50 becas a defensores con trabajos relevantes en diferentes rubros, otorgadas por el Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía (ILE), que cubren el acceso a programas académicos vigentes desde enero hasta diciembre de 2025.
Que las instituciones públicas otorgan becas de estudio a sus mejores funcionarios es una buena noticia. (O)
