El 31 de agosto debe cerrarse el campo petrolero ITT al cumplirse un año de la proclamación de resultados de la consulta popular. Es lo que dispuso la Corte Constitucional seguramente pensando que su cierre era cuestión de apagar un interruptor, como se lo hace con la luz al salir de casa.

No se asesoró debidamente de las implicaciones técnicas, legales, ambientales, además de económicas y sociales, que tornaban sumamente complejo llevar a cabo el eventual abandono. Después de todo, no hay antecedentes a nivel global de una acción semejante, lo que la convierte en caso de estudio. Tratándose de un campo joven, muchos de sus 246 pozos dispuestos en 12 plataformas de perforación funcionan con lo que se denomina presión primaria, de tal modo que su cierre es una operación difícil y de alto riesgo, pudiendo ocasionar, incluso, un desastre ambiental.

Es uno de tantos aspectos que abordan el extenso informe que ha elaborado la Comisión de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT, con la participación de los ministerios de Energía y Minas, Economía y Finanzas, Ambiente, Derechos Humanos, además de Petroecuador, PEC, que concluye, extraoficialmente, palabras más o menos, que el pretendido apagado es imposible de cumplir en un plazo tan perentorio.

El principal problema es que no hay una normativa para el desmontaje de campos. No la hay en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, tampoco en el Código Orgánico Ambiental, que necesitarían ser reformados. Tampoco está contratado el estudio técnico indispensable y apenas se dispone de un presupuesto referencial ($ 1.300 millones, a más de otras compensaciones laborales, sociales y contractuales). De otra parte, cualquier intervención deberá quedar sujeta a una consulta previa con siete comunidades indígenas locales, quichuas y waoranis, que desde luego se oponen a su levantamiento porque viven del trabajo que les brinda.

Mientras tanto, la producción del yacimiento ha empezado a declinar de un tope de 58.000 barriles al día a poco más de 50.000. Desde hace meses PEC ha venido retirando las torres de perforación que le prestaban servicio y mantiene sus operaciones al mínimo indispensable. Nadie quiere ser destituido por el incumplimiento del mandato popular.

Así, el apagado se viene sintiendo en la disminución de las actividades comerciales y económicas, en especial en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos, que votaron mayoritariamente por el no en la consulta popular. Incluso muchos que votaron sí como una manifestación de rechazo al anterior Gobierno, por la desatención a las carreteras y a la prestación de servicios básicos, están francamente arrepentidos.

El tráfico fluvial por el río Napo, único medio de acceso a la zona del ITT, también llamado bloque 43, ha venido decayendo de forma crítica.

La mayoría de los magistrados de la Corte Constitucional que obró con precipitación al exhumar una consulta popular imprudente y extemporánea tiene que cargar ahora con los dilemas de su equivocado proceder e invocar a la sabiduría que en su momento no tuvo para darle una salida al grave problema que causó. (O)