Escritas en color oscuro, sobre el dintel de la puerta por la que se entra al infierno, Dante y Virgilio leen las palabras “¡Perded cuantos entráis toda esperanza!”. Son las mismas palabras que usted y su abogado deberían leer sobre la puerta de cada uno de los complejos judiciales del Ecuador.

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Los juzgados del país no son una cosa muy distinta al infierno que describió Dante. Entre sus salas y los estrados, entre los archivadores y los documentos legales, reptan en círculos los lujuriosos, los golosos, los avaros, los soberbios, los herejes, los violentos, los fraudulentos y los traidores. Todos los defectos, todos los vicios, todos los pecados. Seres endemoniados a los que la república les ha confiado el sagrado deber de administrar justicia y proteger los derechos de sus ciudadanos, y en vez de eso han decidido utilizar su cargo y su poder para saciarse de placeres y de riquezas.

Los casos Metástasis y Purga nos han demostrado la situación de la administración de justicia en el Ecuador. Sentencias que se venden por dinero o por favores. Jueces, funcionarios judiciales y abogados que están al servicio de las mafias políticas y de los grupos de delincuencia organizada. Un país en donde los criminales controlan la ley y viven en la impunidad, y en donde la gente honesta está en la absoluta indefensión, a la merced de la extorsión y del abuso de quienes se supone que deben protegerlos.

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Las estadísticas nos dicen que nueve de cada diez ecuatorianos no confían en el sistema judicial.

Un país así es inviable. En un país así, la propiedad privada no se protege y la gente no tiene incentivos para invertir; los contratos no se cumplen y la gente no se siente segura para generar empleo; y, la libertad personal depende de coimas y la gente vive con miedo.

El Ecuador tiene que poner como su primera prioridad reformar el sistema judicial. No hay nada más importante.

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Lo primero es iniciar un proceso de depuración de jueces. Seguramente existen jueces probos y honestos, pero es indispensable destituir y castigar a todos los que no lo son. Lo segundo es modificar el marco normativo. La Constitución de Montecristi y el sistema de protección de derechos constitucionales vuelven muy fácil la corrupción al entregar a los jueces un amplio grado de discrecionalidad para la concesión medidas cautelares y acciones de protección, reformas de tipos penales y beneficios a los criminales. Finalmente, el Estado debe garantizar la seguridad de los fiscales y jueces, para que se sientan libres de amenazas e intimidaciones y estén seguros de obrar conforme a derecho.

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Antes de entrar al infierno Virgilio le dice a Dante: “Conviene aquí dejar el miedo abyecto y a toda cobardía dar por muerta”. Los ecuatorianos debemos dejar el miedo y la cobardía, y emprender el largo camino de la reforma judicial.

Si el sistema judicial sigue en manos de los demonios, tenemos que perder toda esperanza en ese infierno de Dante. (O)