Los países no funcionan ni con golpes de mesa ni con golpes de efecto. Después de la dura crisis que está viviendo el Ecuador, esto lo deberíamos tener claro. Pero no es así. En medio de la desesperación por los apagones, la discusión que se ve en los medios es un ataque a un supuesto estatismo, claramente es inexistente, o a los sueldos y beneficios de los sindicatos eléctricos, o los errores y horrores de gobiernos pasados.
No obstante, todo se remite a un problema más hondo entre las élites políticas y económicas del país: culpar a otros y abstenerse de reconocer que todos han contribuido a la tragedia existente con eternos intentos refundacionales.
En pleno siglo XXI, una sola agencia estatal planificadora, reguladora e inversora debería funcionar en automático, independientemente de quién gane las elecciones. Su personal y administración deberían ser de carrera, con incentivos de largo plazo y con remuneraciones competitivas a nivel regional e internacional. Deberíamos tener ahora un Inecel innovado y actualizado con ingenieros de primer nivel. Pero incluso el gobierno que prometió aquello de “volver a tener Estado” perdió tiempo, recursos y capital humano en refundaciones hacia dos nuevas instituciones y hacia un absolutismo centralista que ahogó esfuerzos y planificaciones pasadas y luego decidió que despediría a todos los que le digan que son técnicos y no políticos. Los siguientes gobiernos por suerte no refundaron nada, pero restaron inversión y presupuesto necesario para mantenimiento haciendo la expansión y diversificación eléctrica, inviable. Y luego –justo el presidente que ganó su primer debate porque se interesó por el tema eléctrico– dice no creer ni escuchar a los técnicos, y los resultados están a la vista.
Los medios internacionales han llenado sus páginas con los premios nobeles de economía: Acemoglu, Robinson y Johnson, que básicamente concluyen que constituir y consolidar instituciones es fundamental para el desarrollo de los países, o Mariana Mazzucato paseándose por América Latina y diciendo que las políticas públicas y el Estado son importantes. No deberíamos necesitar de semejantes luminarias para aprender lecciones que son evidentes desde hace más de 40 años en América Latina: la necesidad de un Estado inteligente, vital para economías y regímenes inestables como los latinoamericanos, donde la mayoría de familias necesita trabajar 10 a 14 horas para poder llevar el pan a la mesa. Sectores fundamentales como salud, educación, energía deberían tener agencias especializadas, técnicas, con autoridades estables seleccionadas por periodos por encima de los calendarios electorales para que exista continuidad en los servicios, con responsabilidades administrativas en caso de negligencia, con autonomía presupuestaria sujeta a control y rendición de cuentas. Sin consensos mínimos sobre la gobernanza del Estado, poco cambiará. La verdadera negligencia es no consolidar islas de eficiencia estatal en temas tan cruciales como la producción y distribución de energía, o descartar a los pocos especialistas que saben y les importa el tema. Esto compete a todos los que aspiran a un cargo de elección popular o están haciendo política pública. (O)
