Todo apunta a que el Poder Ejecutivo tendrá una holgada mayoría en la próxima Asamblea. Es una situación inusual en nuestra historia. El absurdo sistema de elegir a los parlamentarios en la primera vuelta ha provocado por décadas un conflicto casi estructural entre las dos ramas de gobierno. Lo que debería ser la regla –que los gobiernos elegidos por mayoría cuenten con suficiente apoyo legislativo– se ha vuelto la excepción. Y eso es lo que existe ahora.
Con la mayoría que el Poder Ejecutivo tendrá, el Gobierno puede liderar una transformación legislativa de gran profundidad con el objetivo de desmontar el modelo autoritario, estatista e ineficiente creado por el correísmo. Lo puede hacer inclusive dentro del caparazón de la nefasta Constitución de Montecristi. Varios paquetes de reformas legislativas podrían modernizar áreas tan diversas como la seguridad ciudadana, la minería, la contratación pública, el arbitraje, el turismo, la seguridad social, la educación pública, las empresas estatales, la legislación procesal civil y penal, la prestación de servicios públicos, la defensa del consumidor, la ética en la función pública, las reglas de derecho internacional privado, el sistema judicial, la responsabilidad civil y el régimen de quiebras, solo para dar algunos ejemplos. La explotación del gas del golfo, por ejemplo, requiere una legislación específica, diferente de la del petróleo. El Ejecutivo tiene un amplio margen de maniobra en esas y otras áreas con su mayoría. Será un gran desafío para su bancada parlamentaria y equipo jurídico.
El segundo andarivel que tiene el Gobierno es la implementación de las enmiendas y reformas constitucionales ya aprobadas. Cada una de esas modificaciones requiere de un trabajo legislativo intenso y de suma prolijidad. El boicot correísta ha tenido paralizada esta labor hasta hoy. El tercer corredor se relaciona con las enmiendas constitucionales que ya recibieron un dictamen favorable de la Corte Constitucional y que por una u otra razón no han sido aprobadas o implementadas. Si cada una de esas enmiendas son asumidas por la Legislatura y aprobadas con una mayoría calificada, todas ellas entrarían en vigor sin necesidad de una consulta popular.
A tales enmiendas se podrían añadir otras preparadas por la bancada del Gobierno. Temas como el fortalecimiento de la dolarización, la inversión privada en ciertos sectores, los tratados de inversión con arbitraje, el trabajo por horas, el régimen de partidos; todas las enmiendas sobre estos asuntos podrían ser aprobadas directamente en sede parlamentaria sin recurrir a un referéndum. Se necesitará de un manejo político intenso. Finalmente, están las reformas constitucionales relacionadas con cambios a órganos del Estado, incluyendo la composición de la Legislatura, el replanteo de las prefecturas, la eliminación de ciertas entidades, reformas que sí necesitan de una consulta popular en su momento.
Ahora bien, si el Gobierno considera que la alternativa de una asamblea constituyente es lo mejor, a pesar de las malas experiencias que hemos tenido en el pasado con esta modalidad, su costo e incertidumbre, entonces se deberá obviamente sujetar al mandato del artículo 444 de la Constitución y a los dictámenes que sobre la materia ha emitido la Corte Constitucional. (O)
