La imputación penal de menores es un tema complejo y debatible. La edad para su punición varía significativamente en muchos países. Se los trata diferentemente según su falta de madurez y capacidad para comprender las consecuencias de sus acciones.
En los Estados Unidos la edad punible varía por Estado (7-14 años); en el Reino Unido, de 10 y 12 años; Alemania, 14 años; en Francia es 13 años; España y Japón, 14 años. En Argentina es 16 años. Otros países no los imputan, se centran en la rehabilitación y reintegración de los menores.
En Ecuador, la participación de menores en crímenes contra la vida en la modalidad sicariato, plantea la opción de rebajar la edad para su imputación penal, lo que genera las preguntas: ¿A qué edad? ¿Cuáles son los pros y los contras?
Quienes argumentan a favor de la imputación sostienen que ello podría disuadir a los menores a cometer delitos graves; que la medida es adecuada para enfrentar los crímenes de acuerdo a su gravedad; y, por cierto, consideran que los menores por estar expuestos a diversas experiencias han madurado su psique de otra manera, incluso para discernir si le quitan la vida a otra persona, y ello los ubica como adultos para su penalización. Esto último contradice a quienes aseguran que el cerebro de dichos adolescentes aún está en desarrollo y sin capacidad de juicio.
Los programas de prevención, alternativas a la punición, toman mucho tiempo para lograr resultados; y en Ecuador los sicariatos cometidos por menores entrenados (con adiestramiento en armas e insensibilizados) se han tornado indetenibles. La propia Policía ha perdido miembros asesinados por menores de edad. Es decir, a aquellos criminales no les atemoriza la fuerza policial.
La edad mínima para procesarlos (tal vez 15 años) no podría ser la única respuesta y habría que crear unidades especializadas de Policía para bregar con los menores involucrados en el crimen organizado; también subir las penas para quienes los recluten y solicitar apoyo internacional a los países con experiencia similar. Considerar que el origen de la delincuencia juvenil es el abandono de los padres y la imposibilidad de las madres de cuidar a sus hijos en edad escolar mientras ellas trabajan. Entonces, la estrategia razonable debe incluir la penalización del padre que abandona a un hijo o cuando lo involucra en delitos. Sería una medida disuasiva bien efectiva, para los padres irresponsables. Y principalmente, que se apliquen las sanciones de manera consistente y visible, para aumentar su efecto disuasorio. No olvidar los programas de apoyo a madres solteras, con guarderías y tutorías en los colegios, para que los estudiantes realicen allí tareas luego de las horas regulares de enseñanza, manteniéndolos alejados de influencias perniciosas y del temido reclutamiento de bandas criminales. Hay que retornar a la utilización efectiva de “las boletas de captura” para los padres incumplidores de pensiones de alimentos.
No estarían demás las campañas de concientización en redes sociales sobre los riesgos de los menores en actividades criminales y la forma como denunciar su reclutamiento. (O)
