El gobierno de Guillermo Lasso ha decidido convocar a una consulta ciudadana con el fin de realizar enmiendas a la Constitución en una diversidad de temas que se agrupan en ocho preguntas. La consulta es una herramienta de participación directa en la constitución de las reglas de funcionamiento del Estado, es decir, de nuestra sociedad. Parecería que es la única carta que le queda al Gobierno para superar la entrampada relación con el legislativo, debido a lo cual no ha logrado pasar las leyes que prometió en campaña. A la vez es un intento del Gobierno por convertirse en quien dirija el debate público por sobre otros actores sociales e institucionales, y de guiar el espacio de la opinión pública hacia algunos de los puntos nodales que el país necesita resolver.

¿Cómo ha respondido el movimiento indígena al llamado de consulta ciudadana? No he podido encontrar algún boletín o pronunciamiento concreto respecto de la consulta de parte de la Conaie y de la Fenocin, las dos organizaciones más grandes, sin embargo, dentro de publicaciones cortas en sus redes sociales están promocionando el no a las ocho preguntas planteadas.

No les interesaría profundizar el debate sobre dos puntos centrales a los pueblos indígenas sino promover su oposición al Gobierno.

¿Cuáles son las razones para sostener esta postura? Ninguna, como he dicho no hay ningún pronunciamiento en el que se puedan encontrar las razones o argumentos para votar no en cada una de las ocho preguntas. ¿Es esta una actitud responsable? La consulta no puede ni debe ser entendida como una encuesta de popularidad sobre la gestión del presidente. Se la debe entender como un ejercicio de democracia directa en la que el soberano es consultado sobre asuntos de prioridad para el país. En sus publicaciones la Conaie señala muy brevemente que su oposición se debe a que la consulta no resolverá los problemas del país (así en general), ni resuelve la desigualdad (no se especifica qué desigualdad). Efectivamente no existe una receta mágica para solucionar todos los problemas, y quien diga lo contrario está mintiendo. La consulta no abarca cada uno de los problemas, pero sí centra en algunos de suma importancia, en los que urge realizar reformas para encaminarnos en la dirección correcta, además de poner a la ciudadanía a informarse para tomar una decisión.

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En la consulta existen dos preguntas de especial relevancia para los intereses de pueblos y nacionalidades, la una sobre el subsistema de protección hídrica, la cual iría en concordancia con la consigan de defensa del agua de estas organizaciones, y la pregunta ocho sobre compensaciones de servicios ambientales, donde los pueblos indígenas podrían ser los principales beneficiarios. Al parecer las organizaciones indígenas no han analizado en detalle estas dos preguntas y no dan argumentos para justificar su posición. No les interesaría profundizar el debate sobre dos puntos centrales a los pueblos indígenas sino promover su oposición al Gobierno. La actitud democrática y ciudadana es analizar cada de las preguntas, informarse y tomar una decisión. No es una encuesta para medir la gestión, es un ejercicio de democracia directa sobre las máximas reglas que rigen el funcionamiento de nuestro Estado, y por lo tanto de nuestra comunidad. (O)