Lo dijo el presidente Guillermo Lasso en una audiencia con las comunidades kichwa y huaorani del campo ITT que están preocupadas por las consecuencias de su eventual cierre. El mandatario, al que le quedan tres meses en funciones, dijo que no hará nada y que la producción petrolera continuará, por ahora. Admisión que retoma la narrativa del ministro de Energía Minas, Fernando Santos, quien observó su legitimidad señalando que en la provincia de Orellana –y también en Sucumbíos– el territorio donde se realiza la extracción del recurso, según lo prescrito en el artículo 57 literal 7 de la Constitución, triunfó el no.
El Gobierno cesante, que prometió incrementar la producción petrolera a un millón de barriles, no quiere cargar con el peso de quitarle otros 58.000 barriles por día a una producción declinante.
Petroecuador ha venido afinando el cálculo de lo que costaría el desmontaje de la docena de plataformas que componen el campo ITT y para su sorpresa resulta que su monto sería tres veces más de los 450 millones de dólares proyectados. Para dar una idea, tendrían que retirarse de la selva fierros y cascotes que representan tres estadios olímpicos Atahualpa en volumen.
Hay que contratar una firma especializada para elaborar los términos de referencia contractuales a fin de convocar a una licitación internacional posteriormente. Además, el Ministerio de Energía tiene que elaborar una normativa para el levantamiento de campos petroleros que no existe. Por su parte, los ministerios del Ambiente y de Economía y Finanzas deberán hacer la suya.
El gasto correspondiente tendría que ser incluido en el presupuesto general del Estado, pero debido a que la transición política extiende el actual presupuesto de 2023 al año siguiente, no constará el rubro, al menos, hasta 2025. ¿Y que se hará entre tanto? ¿Se apagará el interruptor del campo ITT como exigen los gurús ambientalistas?
(...) tendrían que retirarse de la selva fierros y cascotes que representan tres estadios Atahualpa...
En un portal digital apareció un análisis sobre la ejecución presupuestaria entre enero y agosto, destacando que por cada nueve dólares pagados en nómina a la burocracia, apenas se ha destinado uno al gasto de inversión; apenas 677 millones de dólares. Lo que quiere decir que podría estimarse por este concepto apenas 1.000 millones hasta diciembre.
El futuro del Ecuador luego de la consulta
Y a pesar de que el fisco tiene graves e inocultables problemas económicos, se reclama el cierre inmediato de un activo rendidor que en 2022 generó un ingreso neto de 1.200 millones de dólares.
Mientras transcurren tantas demoras, la nueva Asamblea Nacional tendrá que fiscalizar la convocatoria a la consulta popular cargada de vicios por parte de la Corte Constitucional, actual cogobernante.
Aparte de la pregunta extemporánea y confusa para los votantes, desconoció la resolución que autorizó la explotación del campo ITT en 2013 por parte de la legislatura, de acuerdo con el artículo 407 de la Constitución, que reserva para sí la potestad de convocar a una consulta, de considerarlo necesario. No contempla que se haga a pedido de una ONG como YASunidos.
Además, la ley que autorizó la construcción de las facilidades petroleras no puede tener carácter retroactivo y debe aplicar en lo futuro, tal como sucede con la consulta del Chocó Andino. (O)
