La corrupción en las judicaturas es un secreto a voces de larga data. Los casos Metástasis, Purga y Plaga solo han servido para revelar la magnitud y profundidad del problema. Una cruda realidad retratada por EL UNIVERSO esta semana, concretada con venta de sentencias, beneficios penitenciarios y la infiltración de estructuras delictivas en el sistema de justicia.

Es alarmante la extendida red de corrupción y complicidad de funcionarios judiciales, abogados y empresarios que ha operado burlándose del ordenamiento legal. Pero ya es hora de que la sociedad exija cortar sus tentáculos. Es inaceptable que continúe la venta de la justicia y que la impunidad desafíe nuestra conciencia y paciencia, mientras crece la percepción de que cada juez es transable, cada fiscal es vacunador, cada policía es amenaza y que el sistema judicial está diseñado para proteger a actores con poder o con dinero.

La podredumbre del sistema de justicia es tan profunda que resulta harto difícil de creer que las instituciones actuales puedan sanearla, actuando solas y haciendo lo mismo de siempre. Y menos que lo logren sin el apoyo de organizaciones internacionales que actúen independientes y blindadas contra la influencia política y los carteles transnacionales de la droga. La creación de la Cicig en Guatemala demostró que la colaboración internacional puede ser efectiva para enfrentar la corrupción y la impunidad en cualquier país que como Ecuador está sin posibilidad de ofrecer una justicia decente.

Es más, y el presidente Daniel Noboa debe saberlo, sin purgar el sistema de justicia no calificaremos para atraer inversión extranjera; de tal manera que retardar el pedido de una comisión internacional independiente que opere con el claro mandato de erradicar la corrupción y sanear el sistema judicial, también es retardar el desarrollo económico.

Entendemos las preocupaciones de ciertos sectores sobre el impacto que produjo la salida de la Cicig de Guatemala (cuando el presidente Jimmy Morales no renovó el convenio de operación de la Cicig), pero es importante analizar el contexto y los resultados de su trabajo. Esa Comisión logró importantes beneficios en la lucha contra la corrupción y la impunidad, incluidos los procesamientos, condenas y encarcelamientos de un expresidente, exvicepresidenta y una veintena de altos funcionarios, incluidos magistrados de las altas cortes.

Es cierto que luego de la salida de la Cicig las organizaciones criminales han logrado regresar al poder, pero esto no significa que la Cicig haya fracasado. Más bien, demuestra que la lucha contra la corrupción y la impunidad es un proceso continuo, que requiere esfuerzos sostenidos. En cuanto a la liberación de criminales que estaban presos, es importante destacar que la Cicig no era una institución judicial, sino de asistencia y capacitación al Ministerio Público en la investigación y procesamiento de casos icónicos en los que también participó como acusadora adhesiva. La liberación de criminales es un problema de la debilidad del sistema de justicia guatemalteco, no atribuible a la Cicig.

El presidente Noboa debe solicitar la ayuda pronto. (O)