Hace pocos meses cuando los ecuatorianos nos disponíamos a elegir a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional (para el periodo 2025-2029), investigaciones independientes revelaron que un porcentaje alto de los candidatos a asambleístas no pagaban impuestos, tenían juicios penales, patrimonios injustificados, estaban acusados de estafas, peculado, narcotráfico, asesinato y hasta de delitos sexuales.
Muchos de ellos, que para ser elegidos solo necesitaban haber cumplido 18 años y gozar de derechos políticos, habrán ganado las elecciones y hoy están sentados en dicho organismo fiscalizando y legislando, desde la ignorancia y amparados en la impunidad que les brinda la elección.
Su actuación es pública y notoria. Hoy en día las mayorías se conforman atendiendo presiones e intereses del poder de turno que los manipula a su antojo.
Son estos individuos los que hoy el presidente de la República, Daniel Noboa, quiere que enjuicien políticamente a los miembros de la Corte Constitucional tal como lo plantea en la pregunta 6 de la consulta popular que ha anunciado.
Contrariamente a la escasa preparación de los asambleístas, para ser miembro de la Corte Constitucional la Constitución establece que deben poseer un título de tercer nivel en Derecho, demostrar probidad notoria en el ejercicio de la profesión de abogado, judicatura o docencia universitaria en ciencias jurídicas durante al menos diez años, además de probidad y ética.
La Corte Constitucional fue creada en el 2008, con el objeto de controlar la constitucionalidad de las leyes y actos del poder público.
Garantiza los derechos fundamentales de los individuos establecidos en la Constitución.
Como tal, en los últimos días suspendió provisionalmente varios artículos de las leyes de Inteligencia y Solidaridad Nacional aprobadas por la Asamblea Nacional. Su decisión provocó esta arremetida del Gobierno que la acusa de empoderar a grupos criminales.
Las resoluciones de la Corte no pueden estar sometidas a las presiones políticas, a la manipulación y al castigo.
Someter a los jueces al control político sería someter la justicia constitucional a los apetitos coyunturales de los poderes de turno. Pretender que estos cuestionados asambleístas enjuicien políticamente a los jueces de la Corte Constitucional es un tema preocupante.
Los jueces de la Corte sí tienen límites y controles. Pueden ser investigados por la Fiscalía y enjuiciados, en caso de que amerite, por la Corte Nacional de Justicia, de acuerdo con lo que manda la Constitución.
Decir no a la pregunta 6 en la consulta popular es defender la Constitución, los derechos fundamentales de los ciudadanos y el equilibrio del poder político.
Las decisiones de la Corte deben debatirse por vías legales. Las amenazas como a las que esta siendo sometida este momento son inaceptables. Son un atentado a la democracia y a la justicia en Ecuador. (O)
