Un reciente análisis de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) y del que este Diario se hizo eco en días pasados, da cuenta de una serie de factores que inciden en la escasa inversión privada, especialmente extranjera, que existe en el Ecuador.
Sin esa inversión privada el crecimiento sostenible del Ecuador es prácticamente imposible. Si bien los factores a los que el estudio hace referencia han sido ya reconocidos como decisivos para la poca inversión privada en nuestro país, como son el perenne desajuste fiscal, la crisis de la seguridad social y la gigantesca deuda pública, entre otros, a ellos se suman nuevas amenazas como son el déficit de energía eléctrica y la creciente presencia de la delincuencia.
El estudio toca algo de pasada un factor que considero de igual importancia a los que allí se analizan con bastante certeza. Me refiero a la poca confianza que despierta el Ecuador para los inversores en vista de su sistema judicial. La piedra angular de la inversión privada es la confianza. Y en ello juega un papel decisivo el sistema judicial. Sabido es que el desarrollo del capitalismo requiere de previsibilidad con respecto a las reglas que afectan los derechos de propiedad. Esa confianza la necesitan los trabajadores, los profesionales, los sectores de escasos recursos económicos, las mujeres, los campesinos, los obreros, pero sobre todo los emprendedores. Sin sistemas legales estables hubiera sido imposible la expansión del capitalismo en Occidente. Esta simbiosis no ha sido extraña inclusive para estudiosos marxistas como Michael Tigar, para quien fue el derecho y los abogados y no tanto el protestantismo, la herramienta más eficaz que tuvo la burguesía para derrumbar el Antiguo Régimen, conquistar el poder e imponer el capital. Pero de cualquier manera hoy en día es indiscutible que la confianza en los sistemas judiciales es un elemento clave en el crecimiento económico de las naciones.
El Ecuador carece de un sistema judicial confiable. Sus élites han trabajado intensamente para socavar la independencia y profesionalismo de los jueces, tribunales y cortes. El costo de utilizar a la justicia para obtener réditos de corto plazo es enorme. Los jueces y los abogados, en particular, que manipulan a la ley con el fin de cometer fraudes en su particular beneficio no son conscientes del enorme daño que causan al país en general. Una simple muestra de esta crisis puede medirse en los casos que han llegado a instancias internacionales. La gran mayoría de ellos son reflejo de la corrupción judicial o simplemente de su falta de independencia frente a la política o el poder económico. En muchos de esos casos se puede observar cómo de haber existido un sistema judicial independiente y libre de corrupción, la disputa en ciernes no hubiese escalado hasta los niveles en que ha llegado. El Ecuador, a pesar de tener muy poca inversión extranjera, tiene más reclamos internacionales que otros países de la región (Chile, Perú, etc.) que tienen el triple de inversión extranjera.
Si el sistema judicial penal se ha convertido en un factor de inseguridad física de la ciudadanía, el sistema judicial civil lo ha hecho con respecto a la inseguridad jurídica de la inversión privada. Claro que hay excepciones, pero no dejan de ser tales. (O)
