Los eventos ocurridos durante las últimas dos semanas con respecto al sistema judicial han sido devastadores para los ecuatorianos. Todo parece indicar que no existe en buena parte de nuestra dirigencia política gobernante ningún interés, pero ninguno, en darnos a los ciudadanos un sistema judicial independiente, profesional y transparente. El clímax de esta conjura fue la manera como fue elegido el presidente del Consejo de la Judicatura.
¿Cómo es posible que la designación del máximo titular de un órgano que juega un papel crucial en la administración de la justicia sea reconsiderada de un día para otro como si se tratase de un funcionario cualquiera, que así como hoy puede ser Pedro, mañana puede ser Juana? ¿Cómo pudo la Comisión de Fiscalización de la Asamblea amenazar a los consejeros con enjuiciarlos si no reveían su decisión? ¿Cómo pueden los propios consejeros admitir que actuaron bajo amenaza? ¿Qué esperan para renunciar? ¿Cómo pudo votar por la reconsideración de la resolución alguien que no estuvo presente cuando se la aprobó, violando de forma grosera el procedimiento? ¿Cómo pudo concurrir a la sesión para votar una persona que estaba con licencia de paternidad para luego de ello volver a su casa para seguir gozando de esa licencia ¿Nos merecemos los ecuatorianos semejante tramoya? ¿Qué confianza –que es la columna vertebral de una democracia constitucional- va a inspirarnos este funcionario si al parecer no le ha importado que se atropelle la ley con tal de llegar al cargo? (A propósito, nada de esto habría ocurrido de haberse aprobado la consulta de Lasso que propuso quitarle al Consejo de Participación la facultad de elegir a altas autoridades estatales, derrotando así a las mafias que financiaron el voto negativo).
Pero, si bien esta designación –que ojalá sea anulada en los próximos días– constituye una nueva bofetada que los dueños del país, los antiguos y los nuevos, les han propinado a los millones de ecuatorianos que sufren a diario una justicia que, salvo escasas excepciones, es politizada, corrupta, lenta e ignorante, no es menos cierto que esta situación no es un hecho aislado. Atrás de este repulsivo episodio se venían sumando otros no menos vejatorios a la ética pública. Allí está, por ejemplo, el intento de tumbar las investigaciones de la Fiscalía sobre la existencia de una red de corrupción bajo el liderazgo de políticos y narcotraficantes, con la importación desde Venezuela de un audio adefesioso. O la pretendida exoneración de responsabilidad política a dos exmiembros del Consejo de la Judicatura que guardan prisión por corrupción a pesar de que uno de ellos ya ha admitido culpa. O lo que es más grave, el anuncio por parte de las marionetas del Gran Prófugo de perturbarle el estado de embarazo de la Dra. Salazar; demostrando no solo el nivel de bajeza de este individuo, sino también el temor que él y su corte le tienen a la integridad de dicha magistrada.
Parecería que, en buena medida, las viejas prácticas de usar la justicia para delinquir, perseguir y encubrir no se han ido del todo. Han cambiado los rostros, es verdad. Pero nada más. Con el agravante de que ahora se han sumado a ellos el narcotráfico y el crimen organizado, los dos grandes ganadores de esta orgía. ¿Hasta cuándo soportaremos todo esto? (O)
