La fiscal general, Diana Salazar, ha iniciado la más decisiva batalla en contra del crimen organizado, a la que ha bautizado con el nombre de Metástasis; es solamente el comienzo y, ciertamente, el crimen organizado contratacará con todo su poder, con todas sus armas, por ilegales que fueran.

Este es un momento crucial en la vida de la República, al que Shakespeare denominaría el de ser o no ser, porque si la lucha de la fiscal general fracasara, el crimen triunfaría y la moral nacional quedaría sepultada.

Tremendo 2023

Por su propia boca

Todo ciudadano deberá, pues, pronunciarse, y ninguna excusa será válida para no hacerlo. No hay espacio para los indecisos. Imaginemos por unos instantes que, abusando de estos recursos de amparo de la Constitución de 2008, sale en libertad el presidente de la Judicatura y, enseguida, intenta presidir la Judicatura y continuar con su repudiado concurso para designar jueces. Cuando escribo estas líneas no se conoce lo que resuelvan los jueces sobre este amparo, y hay un chorro de amparos solicitados por los que están presos por este y otros casos, como los del Gran Padrino. Influirá en la decisión en los amparos el respaldo a la actuación de la fiscal aprobada por una no muy amplia, pero mayoría al fin, de la Asamblea Nacional.

Este respaldo parecería dejar sin piso el intento –aprobado por la Comisión de Fiscalización del Parlamento– de enjuiciamiento a la fiscal, que tenía el propósito no solamente de destituirla, sino impedirla de desempeñar cargo público alguno y frustrar así una eventual candidatura presidencial suya.

Ni tontos ni bobos

El que la Asamblea Nacional haya aprobado un respaldo a la actuación de la fiscal Salazar tiene también otras implicaciones y, la más importante, la de que esta mayoría de apoyo haya contado con los votos afirmativos de los bloques del Partido Social Cristiano (PSC) y del oficialismo, ADN, lo que ha confirmado que la alianza de estos dos grupos con la Revolución Ciudadana carece de solidez, es puntual, limitada.

Lo que ha quedado claro con las acusaciones de Fiscalía es que había un comercio millonario de “favores” judiciales. Se vendían juzgados del más alto nivel, se vendía libertad, usando y abusando de los recursos de amparo creados por la actual Constitución. Así que, aunque se tenga éxito en descubrir a los autores, cómplices y encubridores de esta “empresa del crimen”, continuará vigente esta estructura creada por la Constitución actual, y que es la que hay que eliminar, incluyendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto únicamente se puede obtener derogando la Constitución actual, como fue aprobada, mediante plebiscito, y que en ese mismo plebiscito se declare en vigencia la Constitución inmediatamente anterior, la de 1998. Es el momento para hacerlo: el fracaso del juicio a la fiscal Salazar, el que avance la operación Metástasis, el que el exvicepresidente Glas se haya refugiado en la Embajada de México muestran un debilitamiento de la Revolución Ciudadana, a la que se podrá desdentar quitándole su instrumento de opresión: la Constitución de Montecristi.

La ciudadanía está resuelta a terminar con los mercaderes de la justicia. Los ánimos están caldeados, listos a la lucha. (O)