La salud mental atraviesa una crisis que ya no admite eufemismos. Más de 970 millones de personas –una de cada ocho en el mundo– viven con algún trastorno mental, siendo la depresión y la ansiedad los más prevalentes. Tras la pandemia de COVID-19, la OMS estimó un incremento del 25 % en la prevalencia global de estos cuadros. En América Latina, donde el gasto público en salud mental apenas bordea el 2 % del presupuesto sanitario, la brecha de tratamiento para trastornos graves continúa siendo elevada.
Este escenario coincide históricamente con un proceso que transformó radicalmente la atención psiquiátrica: la desinstitucionalización. Desde las décadas de 1950 y 1960, con la introducción de antipsicóticos eficaces y bajo la influencia de movimientos que denunciaron abusos en los antiguos manicomios, se impulsó el cierre progresivo de hospitales psiquiátricos. En los años 80, la tendencia se consolidó en Europa y América Latina. Organismos como la OMS y la OPS promovieron modelos comunitarios centrados en derechos humanos, integración social y atención ambulatoria.
El principio era correcto: sustituir el encierro crónico por atención digna e inserción social, el problema fue la ejecución. En numerosos países, la reducción de camas hospitalarias no fue acompañada por redes comunitarias suficientemente financiadas ni por dispositivos intermedios de rehabilitación. El resultado ha sido visible: mayor presión sobre los servicios de emergencia, incremento de personas con trastornos graves en situación de calle, suicidios, sobrecarga de familias sin apoyo técnico.
Ecuador no es ajeno a esta realidad. La Ley de Salud Mental, aprobada en 2024, establece un marco garantista que prioriza prevención, acceso a tratamientos basados en evidencia y reinserción social. No obstante, el aumento sostenido de consultas –con reportes de crecimiento significativo en niños y adolescentes, incluyendo autolesiones– revela una demanda que supera la capacidad instalada. La pandemia exacerbó vulnerabilidades preexistentes en jóvenes y mujeres.
Sería simplista atribuir la crisis a un único factor, pues influyen condiciones económicas, falta de fuentes de trabajo, precarización laboral, fragmentación familiar, falta de apoyo y control parental y el impacto de las redes sociales. Es necesario reconocer que la reforma psiquiátrica quedó, en muchos contextos, incompleta. Deshospitalizar no equivale a desatender; cerrar instituciones sin fortalecer alternativas produce vacíos asistenciales.
Este abandono de la salud mental ha incrementado problemas psiquiátricos y psicológicos, como el trastorno de identidad disociativo y la disforia de género, las que son promocionadas y auspiciadas por agrupaciones extremas, para que se consideren derechos a aquellas aberraciones, como lo son la ideología de género y los therian.
El desafío no es regresar al modelo asilar ni ignorar los derechos conquistados, sino construir un sistema equilibrado que combine atención comunitaria robusta con recursos especializados para casos graves. Sin inversión sostenida, protocolos claros y formación profesional adecuada, la brecha seguirá ampliándose. (O)
