El derecho ambiental internacional no es un simple complemento normativo; es un motor que está rediseñando las bases del comercio y la producción global. La Unión Europea, durante décadas referente en la creación de estándares internacionales, ha intensificado su apuesta por la sostenibilidad como eje central de sus políticas. Normas como la (UE) 2023/1115, que busca evitar la deforestación en cadenas de suministro; la (UE) 2023/956 ―conocida como Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono o CBAM―, que grava las emisiones de carbono en las importaciones; y la Directiva (UE) 2024/825 contra el greenwashing, que exige transparencia en las afirmaciones ambientales, no son iniciativas aisladas, sino que representan una estrategia integral para transformar el comercio internacional bajo único lenguaje común: la sostenibilidad.

Un claro ejemplo es el reglamento (UE) 2023/1115, dirigido específicamente a productos agrícolas como el cacao, la palma africana, la soja y el ganado, que exige trazabilidad para garantizar que no provengan de áreas deforestadas después de 2020. Esta regulación marca un cambio profundo en los estándares globales, priorizando tanto el origen de los productos como la sostenibilidad de las cadenas de valor. Aunque su implementación plena se ha pospuesto hasta finales de 2025, según lo establecido por la norma (UE) 2024/3324 del 19 de diciembre de 2024, este aplazamiento es solo una pausa en un proceso irreversible hacia normativas cada vez más estrictas.

El desafío no se limita a estos productos, ya que las normativas internacionales tienden a ampliarse con el tiempo. Ecuador, como uno de los principales exportadores de productos agrícolas y pesqueros, debe prepararse para que estas exigencias se extiendan a otros sectores estratégicos. Anticiparse al impacto eventual de estas regulaciones será crucial para mantener la competitividad en mercados donde la sostenibilidad se ha convertido en un requisito innegociable. Esto implica cumplir con los estándares actuales y, además, desarrollar capacidades para adaptarse a futuras demandas globales.

En este escenario, la sostenibilidad debe ser vista como una inversión estratégica, no como un gasto. A manera de ejemplo, el Banco Mundial destinará este 2025 el 45 % de su financiamiento anual a proyectos relacionados con la adaptación y mitigación del cambio climático, como energías renovables, resiliencia climática y economías sostenibles. Por otra parte, durante la COP29 de Bakú ―realizada en noviembre de 2024―, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció que el 35 % de su financiamiento en 2024 se destinaría a iniciativas para la preservación de la biodiversidad y la adaptación climática, con el objetivo de alcanzar el 40 % para 2026.

Estos recursos representan una oportunidad invaluable para países como Ecuador, permitiendo que los sectores productivos se adapten a los nuevos estándares globales y se posicionen en mercados premium donde la sostenibilidad es sinónimo de “calidad” y “compromiso”.

Sin embargo, este cambio no puede recaer únicamente sobre los empresarios. Las autoridades tienen el deber de implementar incentivos efectivos, así como políticas que faciliten la transición hacia prácticas sostenibles, desde beneficios fiscales hasta acceso a financiamiento verde. Asimismo, los profesionales y asesores desempeñan un rol clave en este proceso: replantear sus enfoques y acompañar a las empresas en la integración de estas exigencias internacionales, ayudándoles a comunicar de manera efectiva sus logros en sostenibilidad.

La sostenibilidad no es el costo de hacer negocios, es la manera de garantizar su continuidad. En un mundo donde el comercio internacional no da tregua, el desafío no es si nos adaptamos, sino cómo lo hacemos. ¿Estamos preparados para asumir este reto y convertirlo en una oportunidad para liderar? Las decisiones que tomemos hoy no solo definirán nuestro lugar en el comercio global, sino también el futuro que queremos construir como país. (O)