La extracción de recursos naturales y el aprovechamiento de todos los elementos orgánicos y minerales que conforman el medioambiente, son actividades sin las cuales la especie humana no podría concebirse, así como tampoco la civilización. Tradicionalmente, existía una cierta idea de lo inagotable de los recursos naturales y de un supuesto derecho de los humanos, de aprovecharse de ellos a discreción. Acá, entre nosotros y también en otros lares, hasta hace algunas décadas, entendíamos muy poco sobre sostenibilidad y preservación. La limitada consciencia del valor de la vida de insectos, pájaros, animales y plantas, era una característica que nos definía.
Hoy, la situación es otra. Conocemos de la precariedad y delicadeza de la vida natural. Sabemos que, como humanidad, hemos devastado el medioambiente y lo seguimos haciendo, precipitándonos a una crisis planetaria que ya la estamos viviendo y que se agudizará y mostrará implacable en el futuro, con la presencia de fenómenos naturales nunca antes experimentados, como altas y extraordinarias temperaturas, estiajes, lluvias torrenciales, deshielos o la dramática y constante extinción de especies animales y vegetales.
El dilema del prisionero climático
En este escenario, la minería como actividad presente en todo el planeta es, en nuestro país, una de las mayores promesas de generación de recursos económicos, así como también, uno de los grandes riesgos para la vida natural, humana y social.
La minería ilegal, a la que llegan los pobres, ha sido captada por grupos mafiosos que los explotan, generando espacios sociales de oscura decadencia y destrozando de la manera más aleve el entorno natural por la utilización de maquinaria pesada, productos químicos, dinamita y otros recursos que destruyen todo lo que se encuentra en su área de acción delincuencial.
La minería legal se la practica luego de que las empresas extractoras han cumplido, formalmente, con los requisitos que la legislación ecuatoriana exige. Sin embargo, su presencia –en los aspectos negativos– en las zonas en las que intervienen, además de los grandes daños ambientales que produce, también tiene otros nocivos, que podrían ser combatidos por la administración pública, pues allí proliferan actividades como lavado de dinero, alcohol, tráfico de drogas, trata de personas y otras que podrían tener un menor impacto negativo, si es que existiesen procesos serios de educación, emprendimiento y ética cívica.
Muchas veces, la legalidad de una actividad, está respaldada por el simple cumplimiento de formalidades. Esa legalidad no tiene legitimidad y opera al margen del concepto jurídico de imperio de la ley.
En Cuenca, el proyecto de explotación minera Quimsacocha es un ejemplo de lo que manifiesto. Minería legal, para el Gobierno. Ilegal, injusta y atentatoria contra la vida, para el criterio ciudadano de una comunidad que se ha manifestado reiterada y jurídicamente en contra de esa iniciativa, que no se somete al debate público, sino que se forja en los ámbitos del centralismo político y administrativo del Ecuador.
La minería legal, impuesta y no debatida, es contraria al derecho por ilegítima e injusta. (O)
