El 31 de mayo, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un nuevo acuerdo de 48 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Ecuador, con un acceso equivalente a 4.000 millones de dólares. La decisión del Directorio permite a las autoridades un desembolso inmediato de $ 1.000 millones.

Este acuerdo le sigue a otro anterior del SAF aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI en septiembre de 2020 y que finalizó en diciembre de 2022.

Con FMI otra vez

Conforme al boletín de prensa emitido por la entidad, “los elementos clave de la agenda de políticas de las autoridades incluyen cimentar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, ampliar la red de protección social, mejorar la resiliencia del sector financiero y fortalecer aún más la transparencia y la gobernanza”.

El boletín añade que “se seguirá trabajando para mejorar la red de asistencia social, ampliando la cobertura de los programas de asistencia social a las familias necesitadas. Esto ayudará a mitigar el impacto de la consolidación fiscal en estos grupos vulnerables”.

Si bien algunas de las medidas de política económica no se explicitan, según el staff report estas incluirían:

  • Mejorar la focalización de los subsidios a los combustibles fósiles, mientras se adoptan mecanismos de protección social para los más vulnerables.
  • Medidas fiscales permanentes de “alta calidad” para reemplazar los ingresos transitorios de 2024 y 2025 (equivalentes a 1,2 % del PIB), tanto del “lado del ingreso como del gasto”. No especifica cuáles serían las medidas tributarias; podrían incluir una nueva modificación del IVA, modificaciones al impuesto a la renta o un impuesto al patrimonio. Se menciona establecer un “plan para reducir los gastos fiscales ineficientes y ampliar la base impositiva” (lo cual podría implicar reducciones en las deducciones al impuesto a la renta y ampliar el número de contribuyentes, similares a las medidas adoptadas en 2021, que luego fueron revertidas por el mismo Gobierno de Lasso en 2023).
  • Las autoridades se comprometen a reducir el “impuesto a la salida de divisas” (que aumentó a 5 % en abril).
  • Postergar contrataciones de empleados y compras públicos no esenciales.
  • Establecer un mecanismo revisado para la liquidación de las reclamaciones de atención médica del IESS para dar previsibilidad al proceso de auditoría y compensación de las obligaciones verificadas. Las autoridades iniciarán la licitación para contratar un auditor que revise las obligaciones de atención médica de 2023 y 2024 con el IESS.
  • Completar las auditorías de Petroecuador de 2019 y 2020 y compartir los resultados con el personal técnico del FMI.
  • Ampliar los programas de transferencias monetarias, sumando alrededor de 50.000 nuevas familias cada año (unas 200.000 familias para fines de 2028), priorizando los deciles de ingresos más bajos de la distribución del ingreso en el registro social.
  • Modificar o eliminar los topes a las tasas de interés. Establecer un Comité de Estabilidad Financiera.
  • Mejorar el mercado doméstico de capitales, incluyendo mecanismos mejorados para la colocación de bonos del Estado.
  • Mejorar la legislación contra el lavado de activos.
  • Aumentar la flexibilidad del mercado laboral (no se especifica cómo).

Estas medidas buscarían reducir el déficit fiscal del sector público no financiero de 3,6 % del PIB en 2023 a un superávit de 0,6 % del PIB en 2028 (con un superávit primario —excluyendo pago de intereses— desde 2025). En total, se espera una mejora del déficit primario de 5,5 % hasta el 2028.

Se añade que “las autoridades deberían seguir explorando opciones para movilizar financiación climática, incluidos posibles nuevos canjes de deuda por naturaleza”.

En parte, los nuevos recursos del FMI servirán para amortizar el programa anterior: las amortizaciones previstas en 2024-28 suman $ 5.105 millones. No obstante, el programa permitirá acceder a otros $ 4.000 millones de recursos de bancos multilaterales y bilaterales de desarrollo.

De cumplirse el programa, se espera que la deuda pública total (interna y externa) caiga por debajo del límite de 40 % del PIB establecida por Coplafip en 2032. Algunas de las metas y desembolsos corresponderán al Gobierno que resulte electo en 2025. (O)