@aroggierop

El comercio en la ruralidad sufre crisis tras crisis. Faltan precios justos en las transacciones de productos, hay poco acceso a información del mercado y existe una cadena tan larga como hasta de nueve intermediarios para llegar al consumidor. En esas condiciones, es poco probable que un pequeño productor pueda nutrirse de información adecuada para diversificar, atender a un mercado específico y ser un oferente directo al consumidor final.

Un sector agrícola formal es un objetivo a alcanzar y permitiría atender con crédito adecuado y oportuno al agricultor, brindarle asistencia técnica, respaldo y orientación de acuerdo con las necesidades del país. Impediría, a la vez, la sobreproducción de determinados productos y la consecuente caída de precios.

El país necesita de una política pública agrícola que permita organizar la producción nacional, integrar a los dirigentes productivos del país para hacerlos partícipes en la construcción de una agenda de comercialización con visión de país. El orden, la asociación–cooperativismo y la promoción son mandatorios.

Para diseñar la agenda de comercialización se deben considerar al menos cuatro ámbitos: soberanía alimentaria, asociación –cooperativismo–, banca pública, comercio exterior.

La soberanía alimentaria debe garantizarnos la infraestructura indispensable para que el país pueda contar con reservas estratégicas suficientes de alimentos. Naturalmente, el desarrollo de la infraestructura será una iniciativa estatal con participación del sector privado, que dará seguridad y empleo.

El cooperativismo y la asociación deben ser promovidos, perfeccionados y a su vez dotados de políticas de Estado que fortalezcan la producción en conjunto de pequeños y medianos productores, organizarse para proveerse servicios que van desde la recolección, almacenamiento, transporte, centros de acopio y consumidor final, como las tiendas de barrio. También deben ser un factor importante las ferias libres, las ventas en línea (plataformas digitales como emprendimientos) y la apertura de centros de comercialización rural en la que se pueda concretar la venta.

La banca pública debe apuntar a financiar el fortalecimiento de las capacidades de las asociaciones y cooperativas que se formalicen en el país, así la inversión en infraestructura, maquinaria y mejor tecnología podría llegar exponencialmente a nuestro sector rural. La agroproducción es uno de los grandes desafíos para la ruralidad.

La agenda de comercio exterior debe tener metas de colocación de productos ecuatorianos en nuevos mercados, esto de la mano de un equipo experto de negociadores comerciales y fitosanitarios, siendo este último una pieza clave para acelerar la inclusión de Ecuador en el mundo.

Un país con un orden productivo genera confianza y ganancia; la asociación–cooperativismo operan como el motor que genera esperanzas; la banca pública es el combustible que permite poner al sector en marcha y la agenda comercial agresiva permitirá insertar a Ecuador estratégicamente en el mundo. Hay potencial en la ruralidad, lo veo y lo creo. (O)