Se considera a Feuerbach (filósofo alemán) como el primero que define la política criminal “como el conjunto de métodos represivos con los que el Estado reacciona contra el crimen...”. Hay dos concepciones que expresan los caminos que deben tomarse para combatir la delincuencia, la primera de Zipf, que dice: “La política criminal es un sector objetivamente delimitado de la política jurídica general: es la política jurídica en el ámbito de la Justicia Criminal…”. La segunda de Delmas-Marty, que dice: es el “conjunto de métodos con los que el cuerpo social organiza las respuestas al fenómeno criminal…”. Básicamente hay que saber que la criminalidad no se origina en la debilidad del sistema penal, sino que el fenómeno criminal es ante todo un problema social. Pero es cierto que hay prevención de delitos cuando el que va a cometerlos sabe ciertamente que va a sufrir una pena y que tiene certeza de que puede ser detenido, condenado y encarcelado, esto sí baja las tasas de delincuencia. Ahora acontece que los delincuentes tienen la certeza de que van a ser liberados, sin condena ni pena y eso ha agigantado la delincuencia.

Urge construir nuevas cárceles, todo delincuente o criminal debe estar en prisión para que los ciudadanos estemos libres.

La primera debe ser de inmediata aplicación en el ámbito de la justicia criminal porque nos encontramos ante un fenómeno narcopolítico gravísimo. Durante el gobierno del expresidente Correa, con actos y leyes que promovieron el narcotráfico y que, entre otros, liberaron mulas de narcotráfico, sacaron la base de Manta y pusieron la tabla de consumo de drogas Ecuador Seted, que fue la partida del nacimiento legalizado de la drogadicción y microtráfico. Los narcotraficantes están dominando todas las ramas delictivas, penetrando peligrosamente en instituciones que salvaguardan los derechos de los ciudadanos, en parte debido a la ineptitud y debilidad institucional de los últimos dos gobiernos. Esta primera etapa dentro del ámbito de justicia criminal debe establecerse como un organismo de inteligencia y seguridad, con asesoría internacional, que disponga lo que la policía y demás fuerzas de seguridad deben cumplir. Las políticas de seguridad internas debe darlas el Gobierno, no la Policía. Y tocará dura represión con los instrumentos penales legales, uso de armas letales y depuración de instituciones como el SNAI o la Policía, la Judicatura y varios elementos de FF. AA. Sin esto no se puede pensar en disminuir la criminalidad. Urge construir nuevas cárceles, todo delincuente o criminal debe estar en prisión para que los ciudadanos estemos libres.

Los tentáculos del crimen organizado están presentes en 19 provincias, según informe

La segunda concepción de política criminal consiste en crear las condiciones sociales en que se debe desarrollar la sociedad para que no incurra en delitos, buscando más respuestas sociales que penales. Esta concepción, de largo plazo, es más complicada, sometida a consideraciones psicosociales, jurídicas, económicas y políticas, porque también significaría una valoración hacia el tipo de sociedad que queremos, pero se deben iniciar programas de Gobierno para rehabilitación de adictos, aumento de empleos y oportunidades para los jóvenes para vivir mejor, junto con la intensificación de artes y deportes, para que ocupen su tiempo y desarrollen habilidades. (O)