En una economía dolarizada como la ecuatoriana, se vuelve fundamental mantener un sector productivo y competitivo de bienes que se puedan comercializar (transables) con el exterior, de manera que este se convierta en uno de los motores de generación de empleo, crecimiento e ingreso de divisas. Para esto es menester que el sector exportador se encuentre, al menos, al mismo nivel de sus pares en otros países (como Colombia o Perú), en términos de eficiencia productiva. Lo anterior requiere, entre otros, entornos y políticas públicas que en el mediano y largo plazo fortalezcan el sector de bienes transables, especialmente aquellos que se exportan; más allá de los progresos conseguidos mediante los acuerdos comerciales.
Lo indicado adquiere relevancia, pues conforme el Índice de Libertad Económica de 2024, elaborado por The Heritage Foundation, el Ecuador se encuentra en el puesto 115 entre 176 países a nivel mundial, con un índice de 55,0, impactado esencialmente por los siguientes factores: derechos de propiedad, integridad del gobierno, libertad para invertir.
El camarón, una historia de éxito
Persisten medidas de políticas públicas que deberían eliminarse y/o limitarse, aquellas que son barreras e influyen negativamente en el crecimiento de los productos exportables, caso contrario su comportamiento continuará dependiendo de la suerte del mercado internacional. No está de más señalar que la tasa de variación anual a mayo 2024, según el Banco Central del Ecuador, de los productos de exportación tradicionales creció a 20,4 %, explicada por la subida espectacular del precio del “cacao y elaborados” en los mercados internacionales; en el caso del “banano y plátano” para el mismo período, la tasa decreció en -5,5 %, a la vez los productos de exportación no tradicionales registran una caída a -1,7 %.
Algunas medidas que se debieron tomar e implementar en el tiempo. Desarrollo de la infraestructura (carreteras primarias, secundarias, terciarias; dotación de energía eléctrica; telecomunicaciones; mercados mayoristas; aeropuertos; puertos), espacios que reducen los costos y facilitan el acceso a mercados internos y externos, mediante una mayor participación de proveedores del sector privado, vía el fortalecimiento del marco normativo para el acceso de terceros, aumentando los incentivos para su entrada, así como reducción de costos y barreras logísticas, profundizando los acuerdos aduaneros con países vecinos. Estas mejoras beneficiarían a todos los sectores de la economía, por supuesto al exportador y su encadenamiento productivo, constituido por un relevante número de pequeños y medianos agroproductores, que halan a otros en la cadena, impulsando el desarrollo en los territorios.
Seguridad jurídica y pública, más allá de la amplitud de este concepto, se deben modernizar los marcos normativos para declarar la quiebra (insolvencia), para proteger de manera efectiva los derechos de las partes; profundizar medidas transversales de largo plazo para fortalecer la seguridad pública; finalmente, reducir rigideces normativas del mercado laboral.
Acciones requeridas con urgencia en términos de productividad y competitividad de nuestra frágil economía. ¡No hay tiempo que perder! (O)
