Con esta invitación el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, inauguró la feria Oil&Power, que reúne a los principales actores de la industria petrolera y de generación eléctrica. Reflejó una suerte de respuesta oficial ante el clamor por la falta de definiciones ágiles y oportunas.

Como una señal del nuevo momento, este lunes se dio paso a la audiencia con la que se formalizó el relanzamiento de la licitación para llevar a cabo la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas y la construcción de una unidad de alta conversión, a cuenta y riesgo de la inversión privada. Con un presupuesto estimado de 2.000 millones de dólares, será la primera obra de importancia que se contrata en el marco del plan de inversiones del Gobierno del Encuentro.

La nueva fábrica es necesaria para que el residuo obtenido del proceso de refinación de 110.000 barriles de crudo diarios, más de la mitad del total, se transforme en derivados ligeros de estándar euro 5, para ser comercializados en el mercado nacional. El negocio por cuerda separada de la venta del residuo y al tiempo la importación de gasolinas y diésel produce una pérdida de 400 millones de dólares al año a Petroecuador.

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El ministro Santos, un profesional vinculado al sector durante medio siglo, y que es reconocido por su capacidad y honestidad, sabe bien de esta urgencia, así como de otras.

El portafolio de trece proyectos prioritarios, entre los cuales se encuentran Refinería, Campo Amistad, Campo Sacha, Gas Asociado (que apagará los mecheros para aprovechar el gas natural) y la derivación del SOTE (que es impostergable debido al fenómeno de erosión regresiva del río Coca), preveía la firma de los contratos respectivos entre octubre del presente año y enero de 2022. El manifiesto desfase obliga a reformular los cronogramas con el compromiso, esta vez, de cumplirlos. De ello depende incrementar la producción petrolera de 500.000 barriles por día, que tiende a declinar por el proceso natural de maduración de los campos.

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Entre tanto, el sector ha acogido con muchas reservas los términos de la negociación del Gobierno con los movimientos sociales respecto al futuro de las actividades extractivas. La eventual licitación de los bloques del suroriente, con enorme potencial de reservas, ha quedado sujeta a veto. Y la explotación en otras áreas, incluso en operación, se torna incierta debido al empoderamiento de estos colectivos de la frágil política pública.

Es un sinsentido que el país se mantenga pobre en la superficie, mientras continúa siendo rico en el subsuelo.

En los últimos 20 años no se ha hecho exploración de nuevos yacimientos, lo que supone una vulnerabilidad debido al continuo agotamiento de las actuales reservas.

Un desafío adjunto a la agenda ministerial es el cambio de la matriz energética, donde el principal problema radica en el hecho de que tanto la industria petrolera como la camaronera, las dos mayores del país, funcionan fundamentalmente con diésel. Ambas necesitan una pronta migración a energía hidroeléctrica barata, a fin de ahorrarle al país un subsidio que está consumiendo las finanzas públicas. (O)