Uno de los principales fundamentos de la comunicación es la llamada “pretensión de verdad” que debe contener todo mensaje con el que se transmite información. Aquella corresponde a una presunción de veracidad acerca de las afirmaciones hechas por cada interlocutor, como condición necesaria para que esta actividad sea posible dentro de un presupuesto de “racionalidad”. No puede existir comunicación racional a base de mentiras, pues lo transmitido carecería de todo valor y se perdería interés en el diálogo al romper las reglas básicas de este intercambio.
No obstante, existen situaciones donde se producen distorsiones de la verdad admisibles hasta cierto punto, como en el lenguaje publicitario o en el discurso político. El primero tiene limitaciones legales y éticas en las leyes protectoras del consumidor y en los códigos de conducta con los que se autorregula la actividad publicitaria. El segundo solo tiene las limitaciones impuestas por la ley y la Constitución en cuanto a la protección de derechos de terceros, pero nada con relación a un contenido de verdad y ética como base para una “racionalidad comunicativa” (Jürgen Habermas).
Si consideramos que todo discurso está dirigido a un “auditorio” como destinatario, se entiende que el objeto de la retórica del emisor es lograr el convencimiento, dándole, para ello, razones suficientes en su mensaje, las cuales, de primera mano, se presumen verdaderas. La argumentación política, específicamente, busca lograr la persuasión y adhesión al ofrecimiento mediante la producción de emociones en el electorado, aunque sus argumentos no sean necesariamente racionales o ni siquiera lógicos.
Si bien no existe una ley que establezca como obligatoria la regla moral de no mentir (excepto en el ámbito judicial) y una consecuente sanción para su incumplimiento, todo mensaje político debería tener algún grado de certeza que le dé validez ante lo que Perelman y Olbrechts-Tyteca llaman “auditorio universal”, una audiencia general indeterminada que por consenso pueda aceptar y convalidar los argumentos que se presentan sin que sea necesaria la unanimidad.
Pero que el discurso sea político –o hasta plausible, conforme al objetivo que persigue– no implica que un contenido falso sea aceptable, porque al margen de la imbecillitas (limitación de la razón humana) y aunque no haya expresa prohibición legal de mentir, moralmente no está permitido engañar ni siquiera con fines políticos.
Así, estimado lector, en esta época de elecciones, antes de permitir que las emociones guíen su voto y sabiendo que la autenticidad en la homilía política puede ser bastante flexible, debe usted buscar en el interior de la arenga del candidato un antecedente de racionalidad sujeto a un estándar de argumentación válida para la generalidad de la población, que incluya lógica, verdad y realidad, con base en su experiencia previa como ciudadano de a pie, para descubrir si está siendo engañado por una incongruente oferta de campaña.
Este ejercicio de justificación o “racionalidad crítica” puede guiar la intención de los votantes hacia las propuestas más efectivas, para descartar de plano promesas vacías, distorsionadas, absurdas o inútiles, por decir lo menos. (O)
