El ultimátum del presidente Noboa para cancelar $ 1.500 millones de anticipo para la delegación del campo Sacha se cumple esta noche. El consorcio Sinopetrol pidió tiempo adicional para el pago y ha reconocido que no está en condiciones de cumplir en tan corto plazo.
En la práctica es muy difícil que el pago multimillonario se realice ante la incertidumbre de quién ganará las elecciones y el efecto que este desenlace podría tener en la continuidad o no del contrato de delegación/participación a 20 años plazo. Con Noboa habría luz verde, en tanto que con Luisa luz roja. Si el ultimátum se mantiene, sin sorpresas de última hora, la negociación está caída.
En plena campaña electoral de segunda vuelta era inevitable que la decisión política de dar paso a la firma del contrato con dicho consorcio, producto de una negociación directa, se contaminara políticamente convirtiéndose en materia de un debate cada vez más polarizado y radical. Todo parece indicar que la urgencia de
contar con más recursos para la caja fiscal indujo a la Presidencia de la República a alentar esta negociación en un escenario tan complicado, a riesgo de comprometer un capital
político que se torna crítico en una elección tan cerrada.
Hay partidarios del presidente Noboa que consideran que la oportunidad de impulsar la iniciativa, en este momento, no ha sido afortunada para fines de su estrategia de campaña, al envolverlo en una polémica que genera cierta confusión sobre todo en el manejo de cifras.
Por lo demás, la concesión del campo Sacha a un consorcio internacional se torna un imperativo de la política pública petrolera. Petroecuador no tiene la capacidad de continuar gestionándolo porque carece de los recursos económicos y medios tecnológicos para hacerlo. Está invirtiendo apenas $ 70 millones al año, cuando debería invertir al menos $ 190 millones para ir mejorando el factor de recuperación de reservas de 0,19 a 0,40 por ciento. Tiene que perforar como mínimo entre 20 y 30 pozos por año, pero en este momento no perfora ni uno. Más aún, Petroecuador no tiene taladros disponibles en ninguno de los bloques petroleros que opera directamente.
Un caso patético de esta inoperancia es el hecho de más de 80 mecheros que queman 24/7 el gas asociado de Sacha, desde hace más de medio siglo, sin que haya sido industrializado y aprovechado, por ejemplo, para la demanda de generación eléctrica del propio campo. Uno de los proyectos relacionados con la pretendida concesión a Sinopetrol está la instalación de una planta de generación de 87 MW, usando precisamente este combustible que se quema en la atmósfera contaminando el aire que respiran las comunidades aledañas.
En la reciente visita realizada al campo por un grupo de periodistas,
se pudo constatar su decaimiento. El 70 por ciento de la tanquería y la mitad de los separadores de agua, crudo y gas están obsoletos, comprometiendo la normal operación del campo más productivo del país. De forma
extensiva, la población de Coca y
la propia provincia de Orellana afrontan un momento de depresión económica, agravada por el progresivo cierre del campo ITT. (O)
