Se supone que no se conoce, y realmente se conoce.

Está el caso de lo expuesto por el embajador de los Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick, el pasado jueves 7 de diciembre del 2023, por los 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, sobre esta. En espacios de poder habría actores de esta y protectores de aquellos.

Hizo mención de Fernando Villavicencio, asesinado el pasado 9 de agosto del 2023: “El asesinato del candidato presidencial, reconocido por su lucha contra la corrupción, Fernando Villavicencio, marcó un hito imborrable en la sociedad pacífica que era, y que quiere ser el Ecuador”.

Sin dar nombres ni presentar pruebas, la característica de las polémicas denuncias del embajador Michael J. Fitzpatrick

El embajador –en varias ocasiones– ha mencionado “medios observadores transmutados en medios extorsionistas, para desviar la atención de las audiencias”; “dirigencia deportiva usada para lavado de dinero”, “narcogenerales, jueces y fiscales a los que se les retiró la visa por sus vínculos con mafias”, entre otras expresiones. Sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial, ocurrida en octubre del 2023, sus palabras fueron: “fue un firme sí a favor de la democracia y un fuerte no a los narcos, a los terroristas”.

Las paradojas.

Los referidos por Villavicencio como corruptos y vinculados con los “narcos”, ofreciendo más detalles que presentaría en el debate presidencial a realizarse el 13 de agosto del 2023 al que no llegó por haber sido asesinado, tendrían tentáculos aun en la comisión designada por la Asamblea Nacional para coadyuvar en la investigación de su crimen, si le creemos a la que fue su compañera de fórmula, Andrea González Nader, “movimientos de ‘cabildeo’ y ‘muñequeo’, sesgos de tomarse el show, para justamente meter manos en las pruebas”.

Ya autorizado, por exigencia del correato, está el juicio político contra Diana Salazar, fiscal general del Estado. La explicación ingenua de que había que autorizarlo porque el requerimiento cumplía los requisitos formales, pero “no se preocupen”, va atrás de otros juicios políticos (los que serían contra el Consejo Nacional Electoral y contra los exministros de Guillermo Lasso, de Transporte, Darío Herrera; de Energía, Fernando Santos Alvite, y del Interior, Juan Zapata) con lo cual faltaría meses para el juicio contra la fiscal general. Ingenuidad, porque por presiones políticas puede haber desistimientos o el pleno podría establecer prioridades.

Propuesto por la bancada de Construye habría el juicio contra el presidente y miembros del Consejo de la Judicatura con supuesta protección del correato, acusados de dilatar procesos de sanción contra jueces corruptos y de no tomar oportunamente medidas correctivas, que además están siguiendo un proceso denunciado como viciado aun por veedores calificados, para designar jueces de la Corte Nacional, juicio al que declaran su adhesión el PSC y ADN; pero, de colocarse a la cola, ¿para cuándo sería?, ¿para cuándo ya estén designados los nuevos jueces sin corregir los vicios del concurso?

Colocar en lista de espera el juicio contra los del Consejo de la Judicatura sería una burla al Ecuador y, más que una forma de encubrimiento, sería –para sus responsables– convertirse en coautores de los ilícitos que no impidan con actuación oportuna. (O)