La seguridad social de Ecuador se caracteriza por que el volumen total de los aportes disminuye, en tanto que el total de beneficios pensionales (pagos) se incrementa, este déficit ha sido creciente en el tiempo. Situación que obedece a una equivocada política pública, sin un planteamiento de soluciones estructurales, al menos, las últimas dos décadas.

Los problemas más relevantes son:

(I) Baja viabilidad financiera, pues los Gobiernos de turno han generado nuevas prestaciones sin el debido financiamiento, con lo cual transferencias fiscales correspondientes al cuarenta por ciento de las pensiones no se realizan en tiempo y forma por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, ya que crecen año con año y solo contribuyen a incrementar los problemas del fisco.

(II) Deuda fiscal insostenible, pues el Estado ecuatoriano tiene finanzas poco ordenadas y debe pagar sumas altas a la seguridad social, montos que van creciendo debido a que el número de personas cotizando (menos afiliados) está relacionado con el bajo crecimiento del empleo formal, adicionalmente, el peso de los beneficios pensionales (salud, seguro campesino) es muy superior al valor de aportes (tasa de cotización como porcentaje del salario que pagan empleador y empleado, cálculo de la pensión con base en las cinco mejores remuneraciones, número de años de cotización), debido a que los parámetros del IVM no se ajustaron oportunamente frente a cambios demográficos.

(III) El Fondo IVM cubriría apenas un tercio de fuerza laboral, pues reciben subsidio del Estado no focalizado (pobres y sectores de ingresos medios y altos), además de existir un subsidio intergeneracional.

(IV) Debilidades en el gobierno corporativo, falta de independencia en la toma de decisiones, con limitada rendición de cuentas.

Los citados problemas fueron identificados y señalados por el ente de control en el periodo mayo 2019 a julio 2022, y expuestos en el libro Apuntes sobre el sistema de seguridad social en Ecuador, publicado en 2021.

La comisión creada por el Gobierno, identificó cuatro elementos, que coinciden con análisis anteriores de catedráticos, analistas económicos y el ente de control (2019-2022), referidos a (a) modificar los parámetros de jubilación, exigir más años de aportes para acceder al beneficio de la jubilación, que la pensión se calcule sobre un número mayor de los mejores años de aportes y que se incremente el monto de las aportaciones (se incluirían los sobresueldos -décimos-); (b) focalizar el subsidio estatal por su elevada característica regresiva, es decir, que lo reciben quienes menos lo necesitan; (c) incentivar el ahorro de empleados y empleadores; (d) exigir que la jubilación patronal sea un aporte obligatorio mensual desde el primer día de trabajo.

Finalmente, en la práctica, la solución a los problemas de la seguridad social debe pasar por un acuerdo nacional, cuidando que se cumpla con el principio de solidaridad, es decir, que beneficie a los que menos tienen y que en la toma de decisiones no intervengan los Gobiernos de turno sino la gobernanza que defina, equilibradamente, la Ley. (O)