El gobierno, en su búsqueda de más herramientas para su lucha contra las bandas narcocriminales, envía una serie de proyectos de ley a la Asamblea. Las medidas propuestas, si bien cumplen con el propósito, presentan peligros a los derechos de los ciudadanos.
Lo proyectos deberían tener un intenso debate en la Asamblea, que legisladores de gobierno como de oposición esgriman sus argumentos y se escuchen los planteamientos de grupos sociales y académicos. Lamentablemente esta Asamblea, igual a las anteriores, no tiene ese nivel. Los gobiernistas defienden a capa y espada los proyectos oficiales y la oposición no les encuentra mérito alguno. Los proyectos se concretan en leyes sin discusión trascendente o modificaciones.
Las organizaciones de derechos humanos y quienes se consideran afectados presentan demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, CC, que le da prioridad a esta temática sobre demandas anteriores de menor trascendencia, escoge unas y rechaza otras, y ordena la suspensión de la aplicación de un buen número de artículos de las leyes de Solidaridad Nacional y de Inteligencia. Convoca al gobierno y a los demandantes para escucharlos y con base con ello decidir sobre la constitucionalidad de cada artículo observado.
El debate que debió existir en la Asamblea tendrá lugar en la CC, que está cumpliendo con su mandato.
El gobierno reacciona en tres frentes:
-La ministra de Gobierno junto con el presidente de la Asamblea, y rodeados de integrantes de las fuerzas del orden, acusan a la Corte de darle la espalda a la ciudadanía.
-El presidente incluye entre las preguntas de la próxima consulta popular de finales de año la posibilidad de juicio político a jueces de la CC, algo digno de consideración pero en momentos calmos: ahora suena a amenaza, cuando las leyes propuestas pasan a escrutinio de constitucionalidad.
-El presidente anuncia para el martes una marcha a la CC. No es nada ominoso, del nivel de lo que hizo Correa, cuando sus seguidores instigados a través de Radio La Luna destruyeron las premisas de la Corte y atentaron contra la integridad física de los magistrados. Pero alarma que el presidente busque influir en el criterio de la CC no por la razón sino por una exhibición de fuerza. Va en detrimento de la imagen internacional del presidente Noboa, quien corre el riesgo de ser encasillado como otro Bukele.
El que la CC haya declarado la inconstitucionalidad de numerosos artículos pero no de las leyes enteras es una señal de que no se erige como un obstáculo inamovible a los objetivos del presidente, sino que cierra el paso por vías peligrosas para los ciudadanos.
La mejor solución es que los constitucionalistas del presidente vayan a la CC y argumenten; que la CC restrinja la calificación de inconstitucional a solo las disposiciones que abiertamente lo sean (no a las que rechazan ideológicamente) y se reduzca el número de cláusulas consideradas inconstitucionales. Acto seguido, que el gobierno busque constitucionalistas afines, pero que no estén contagiados de la euforia del círculo íntimo para encontrar otras vías para sus fines.
La meta es encontrar un equilibrio entre la seguridad y la libertad. No pasar del miedo a los delincuentes al miedo a las autoridades. (O)
