En las tragedias clásicas los personajes se empeñan en cumplir un destino aciago a pesar de todas las advertencias. Así, presionados por sectores desorientados, diversos gobiernos han caído en la tentación de “sacar a las Fuerzas Armadas a las calles” para combatir el delito común. Grupos que desconocen la verdadera naturaleza de la institución militar consideran que no deben permanecen encastillados en sus cuarteles, sino contribuir al control del crimen, que es visto, no sin razón, como la mayor amenaza para la población. Quienes claman por ver a soldados y marinos actuando contra malhechores comunes tienen poca consciencia de su verdadera función, porque han sido preparados y provistos de los medios necesarios para enfrentar ataques de tropas encuadradas en una estructura militar o paramilitar, sean extranjeras o surgidas dentro del país.
Las intervenciones militares en situaciones de desorden civil suelen terminar mal, pues no han recibido adiestramiento conceptual para encarar ese tipo de circunstancias. A lo más podría pensarse en la posibilidad de que presten apoyo disuasorio a los elementos policiales, pero jamás ponerlos a ejecutar operaciones como retenes, detenciones, indagatorias o cualquier otra actividad en contacto directo con civiles. En donde no se observó esta sensata exclusión se produjeron trágicos problemas. Lo estamos experimentando dolorosamente con el malhadado caso de los menores de las Malvinas. Al tiempo de escribir este artículo estaba claro que los adolescentes fueron retenidos y tratados de manera inadecuada, golpeados, desvestidos y, en lugar de remitirlos a la autoridad competente o a sus padres, los abandonaron en un lugar apartado. Hasta allí lo que se extrae de declaraciones de funcionarios y de videos parciales. ¿Qué sucedió después? Quizá el momento en que estos criterios sean leídos se sepa ya la verdad completa. Cualquiera esta sea, será consecuencia del proceder no especializado y no profesional de la patrulla involucrada.
Las Fuerzas Armadas son una institución muy valorada por los ecuatorianos. Merecen una confianza del 73 %, de acuerdo con un estudio de la firma Ipsos. Siendo como son las llamadas a defender la soberanía y el Estado de derecho, es indispensable que se mantengan en esos altos niveles de aceptación. Por tal razón no se debe arriesgar este prestigio involucrándolas, como se hacía antes, en aventuras políticas ni, como acabamos de vivir, poniéndolas a desempeñar funciones para las que no fueron concebidas. ¿Entonces deben permanecer en los cuarteles? En principio sí, preparándose de forma óptima para participar en conflictos bélicos. Pero está muy bien que, de manera emergente, como en las catástrofes naturales, ayuden con sus numerosos contingentes a paliar el siniestro. Y la labor social que despliegan en sectores críticos tiene implicaciones estratégicas, pues establece allí la presencia del Estado. En general, su participación es necesaria en todo lo que coadyuve a que la institución realice sus fines y propósitos, pero no en aquello que ponga en juego su dignidad y decoro. Así evitaremos que nuestro país viva tragedias como las que postraron a varias naciones del subcontinente. (O)
