Esta vez de forma ordenada y sin sobresaltos se produjo un nuevo relevo en el Ministerio de Energía y Minas, MEM. El encargado Roberto Luque –que volvió a la cartera de Obras Públicas y Transporte– le entregó la posta a Antonio Goncalves, quien ya se venía desempeñando como asesor ministerial.
Durante dos meses y medio, el ministro Luque se empeñó en poner momentáneo arreglo a la grave crisis energética que atraviesa el país y todavía obliga a programar eventuales apagones por falta de generación o problemas en el sistema eléctrico de transmisión y distribución. En medio de la adversidad, el joven funcionario ha asumido un rol protagónico que le ha permitido posicionarse como la figura del gabinete ministerial. Ha comunicado malas noticias, pero al hacerlo con oportunidad y explicando la verdad, ha proyectado la imagen de alguien fiable, comprometido con el servicio público.
Camisetazos, ineficiencia y excusas
Goncalves es un profesional repatriado, durante muchos años ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con experiencia en la estructuración de proyectos. Precisamente lo que tiene que hacer para sacar adelante los planes de desarrollo largamente postergados en los sectores estratégicos. A fin de gerenciar Petroecuador, PEC, se ha optado por otro repatriado, Diego Guerrero, que viene de trabajar del golfo Pérsico, con experiencia en la exploración y producción de petróleo cuyo incremento es prioridad en la agenda sectorial. Como es conocido dicha producción viene decayendo a una tasa de 8 % anual por la obsolescencia de los yacimientos y la necesidad de realizar nuevas inversiones tanto en los campos que opera PEC como los concesionados por el MEM a consorcios privados.
La decisión crucial es que PEC devuelva los múltiples bloques que opera ineficientemente al MEM para que este se encargue de licitarlos, contratando a empresas de reconocido prestigio internacional que puedan traer la inversión y la tecnología de punta que se requiere para la recuperación mejorada de pozos, incluso perforando a mayor profundidad donde se espera encontrar crudo más ligero, de mejor calidad y precio. Tendrá que hacerlo con Sacha, Campo Amistad/ Bloque 6, Bloque 16, pozos subexplotados y cerrados, etc., para permitir la recuperación de la producción tope de 560.000 barriles por día de hace 10 años e ir por más. Hay suficientes reservas a la espera.
Desde luego toca atender en simultáneo otros frentes. La relación de las comunidades amazónicas con las operadoras responsables –tanto PEC como privadas– suele ser tirante debido a la poca o ninguna presencia en territorio de la asistencia estatal. Por ley se entrega a los GAD 2 dólares por barril producido y 12 % de las utilidades de las empresas al Fondo de Desarrollo Amazónico. Pero ese dinero que debería impulsar obras de infraestructura y saneamiento en sitios donde prevalece la marginalidad y la pobreza, no llega.
Otro cuello de botella es el otorgamiento de licencias ambientales para el desarrollo de nuevos campos debido a que el ministerio competente no tiene suficiente presupuesto/personal para atender el requerimiento de la industria energética. Una urgencia que Goncalves debe priorizar. (O)
