Hace más de un año la Universidad Casa Grande, en cumplimiento de su responsabilidad social y vinculación con la comunidad, hizo una convocatoria abierta para quienes se interesaran en entender mejor lo que es la ciudadanía, sus derechos y deberes y, específicamente, el papel de un Observatorio de Políticas Públicas, cuyo objetivo es brindar a la ciudadanía información precisa, accesible y clara sobre las promesas de campaña y su ejecución real. Un grupo de 25 estudiantes acogió la idea y tras la etapa de preparación, anunciaron la creación del observatorio, con el apoyo del Grupo FARO, que con su método “Del dicho al hecho” ha acumulado experiencia en investigación, organización y educación para la ciudadanía.
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Formaron un equipo base y con el acompañamiento de un equipo núcleo realizaron “un seguimiento imparcial, objetivo y proactivo” de las promesas de campaña de los elegidos por el voto popular para administrar y trabajar por el desarrollo de la ciudad.
Escogieron los siguientes ejes temáticos: Desarrollo económico, productivo y del comercio; Seguridad ciudadana; Vivienda y hábitat; Equidad, derechos humanos y sociales.
El seguimiento y la evaluación se realizaron a partir de tres indicadores: Indicadores de insumos: recursos que necesita el Municipio para cumplir lo ofrecido; Indicadores de proceso: actividades realizadas para lograr el resultado esperado en el primer año de gestión; Indicadores de resultados: lo obtenido en el primer año de gestión.
Además se mencionan retos que habrá que afrontar para cumplir lo prometido y se hacen sugerencias y recomendaciones para el segundo año, entre otras, una planificación integral que abarque aspectos económicos, sociales y de infraestructura.
Si les he presentado algo de la historia del observatorio y del método empleado, es porque quiero transmitir la idea de que los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de buscar información acerca del cumplimiento de lo prometido durante las campañas electorales, consultando datos basados en fuentes originales y que hayan recibido de los funcionarios correspondientes la posibilidad de acceder a todos los documentos requeridos.
El Informe de seguimiento a la Alcaldía de Guayaquil bien podría ser el inicio de un compromiso: realizarlo todos los años en los Gobiernos autónomos descentralizados. No solo en la universidad mencionada, sino en varias de las más de sesenta universidades que hay en el Ecuador.
Un Observatorio de Políticas Públicas robustece la democracia porque las instituciones del Estado tienen el deber de ofrecer a la ciudadanía información transparente y, con ese conocimiento, los ciudadanos pueden y deben presentar sus sugerencias y necesidades a los que aspiran a gobernar (a ellos les serviría para programar la etapa siguiente). Es posible que al saber que serán observados y evaluados se tomen el trabajo de escuchar, procesar lo que oyen y obrar en consecuencia. Expresar lo que se espera de quien se presenta como salvador del Ecuador es un derecho fundamental y ejercerlo es indispensable para el cambio social, es un compromiso con el país y con nosotros mismos, un uso positivo de la libertad y un ejercicio democrático. (O)
