Es una pena pero no se dimensiona la realidad del Ecuador, con una institucionalidad débil y una clase política, salvo excepciones, que mantiene sus apetitos de poder, a espaldas de sus electores, sin importarles ni siquiera el conflicto armado interno que se vive, cuyo desenlace va para largo.

Hoy, como ayer, buscan el desbaratamiento de la actual estructura política para pescar a río revuelto, en vísperas de un proceso electoral.

Una descomunal agresión a la Amazonía

En lugar de contribuir con la aprobación de leyes urgentes en materia social, económica, de seguridad ciudadana, seguridad social, en la Asamblea pierden el tiempo discutiendo declaraciones del mandatario en el ámbito internacional, que aunque ha cometido errores, pero con ello no solucionan los acuciantes problemas que se vive en el país. Para ello se suman por sus intereses los bloques que antes eran aliados y hoy en oposición, incluso sectores que prometieron que nunca se unirían con aquellos a los que criticaban y ahora construyen mezclados, votando juntos. Esa es la demagogia política, el doble discurso y la doble moral.

El asunto es llegar al poder o volver los que ya estuvieron para saciar sus apetitos y en otros casos tomarse la revancha con odio, venganza y persecución de por medio. Eso no quieren los ecuatorianos que buscan paz, seguridad, trabajo, mejoramiento de su situación económica y atención social.

Existe un Estado rebasado por las acciones ilegales como ocurre en el sector minero, en el cual la explotación irracional, aliada a bandas delincuenciales, pretende imponerse con la ayuda, por acción u omisión, de autoridades nacionales y locales. No funcionan adecuadamente los controles del Estado ni se articulan todas las instituciones.

Palo Quemado y la consulta previa

SOS Sígsig: la minería es inseguridad

Esto en medio de la destrucción del medio ambiente y el silencio cómplice de dirigentes sociales e indígenas y activistas ambientales, que solo critican y se oponen a la minería formal, que paga millones en impuestos, a la que por cierto hay que imponerle rigurosos controles, pero la otra causa enormes daños irreparables y trafica ilegalmente los metales, en medio de la permisividad del Estado.

No se entiende cómo pueden oponerse a la eliminación o por lo menos a la reducción de los subsidios a ciertos combustibles, que pretende corregir una distorsión que por décadas se mantiene, en beneficio de los contrabandistas y los que más tienen, en detrimento de los pobres, a los que dicen defenderles. Cuántos millones de millones de dólares se han desperdiciado por décadas, que pudieron servir para el desarrollo y la atención a los mismos sectores sociales.

Lo que hay que exigir que esos ingresos vayan prioritariamente a la atención social, al mejoramiento de los sectores de salud, educación, bienestar social, seguridad ciudadana, seguridad social. Exigir acciones permanentes y contundentes contra los que depredan al país.

Por qué el país sigue sufriendo de apagones en el servicio eléctrico, que se creían superados, por falta de planificación, prevención, planes de contingencia y la falta de obras oportunas durante las diferentes administraciones que se han sucedido en las últimas décadas porque no solo es un problema de hoy, pero es hora de poner fin a esta incertidumbre. (O)