La renovación política de nuestras ciudades representa la oportunidad para potenciar el desarrollo inteligente de nuestros centros urbanos. Las ciudades inteligentes establecen nuevos estándares de eficiencia en la gestión pública urbana, que impulsan la calidad de vida de la ciudadanía a través de la tecnología digital. Una transformación donde el gobierno local, la empresa privada y la sociedad civil construyen con inteligencia una ciudad habitable, una ciudad sostenible.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el nivel de madurez de una ciudad que transita hacia un modelo inteligente de gestión de servicios públicos se focaliza en 6 dimensiones funcionales: seguridad, movilidad, medioambiente, educación, economía y estilo de vida; que a su vez están relacionados con el grado de adopción y disponibilidad digital que tiene la ciudad. De acuerdo con estas dimensiones, se identifican 4 niveles de madurez como ciudad inteligente: el inicial, donde la ciudad tiene infraestructura incipiente que soporta algunas soluciones aisladas de servicios públicos con impacto limitado. El intencional, cuando la ciudad cuenta con una infraestructura base que debe expandirse y modernizarse para mejorar su funcionamiento. El nivel emergente, que convierte a la tecnología en una herramienta que mejora el alcance de los servicios para crear mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Y el nivel integral, donde la ciudad cuenta con una infraestructura sólida y gestiona los servicios públicos de forma simultánea y predictiva hacia la optimización continua del bienestar social. Cada ciudad tiene la oportunidad y obligación de identificar su nivel de madurez para accionar una política urbana inteligente que ponga la tecnología al servicio de la ciudadanía.

Un atributo de la inteligencia urbana es la integración de los datos en la toma de decisiones de política pública; donde la gestión se despolitiza de las barreras ideológicas y clientelares, para justificar inversiones basadas en la evidencia de los datos que revelan las necesidades y prioridades de la ciudadanía. La Cepal, en su estudio sobre el camino de desarrollo de las ciudades inteligentes, observa que entre el 2015 y el 2020 “la cantidad de ciudades que se administran a partir de la gestión de resultados se duplicó del 30 % al 75 %; el porcentaje de ciudades que logran mayor compromiso de la ciudadanía se triplicó del 18 % al 67 % y las ciudades que modifican sus programas a partir de la evidencia de los datos pasaron del 28 % al 61 %”. El estudio destaca la experiencia de Bogotá, a través de la Agencia Analítica de Datos, Ágata, que cambió la forma en que se analizan, interpretan y utilizan los datos de la ciudad para crear nuevos servicios derivados de la información, como el otorgamiento de microcréditos a comerciantes informales, el refuerzo de la seguridad integrando las cámaras de la ciudad y los datos para combatir el crimen mediante modelos predictivos, así como el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción utilizando tecnologías emergentes.

El primer paso hacia una ciudad inteligente es a través de un voto inteligente. (O)