El ministro de Energía, Antonio Goncalves, anunció que este 28 de agosto viajará a la Amazonía para dar inicio al proceso de cierre del bloque 43, que comprende los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT). Advirtió que “es un golpe para la economía de un país pobre que se toma ese lujo”. El 20 de agosto de 2023, en la consulta popular, los ecuatorianos votaron mayoritariamente por dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra.
Como mandatario le corresponde a Daniel Noboa afrontar el impacto del cierre y desmantelamiento del bloque 43 o ITT. El Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT elaboró el documento en el que, además de los impactos de la medida, consta el cronograma para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que dio un año de plazo para el cierre progresivo de este bloque petrolero, luego de la consulta popular.
De acuerdo con los datos del informe, el cierre anticipado del ITT representará una pérdida de ingresos estimada entre $ 2.198 millones y $ 3.581 millones. En tanto, el costo de cierre y abandono se calcula en
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$ 1.345 millones. Para un país con una economía en crisis la decisión es un topetazo que incluso tendrá efectos sociales.
El Gobierno señala que “se afectará a las comunidades locales que se benefician de los convenios de compensación social y a los trabajadores del sector”.
Aunque se prevé que el plan de cierre se complete en 2034, las consecuencias económicas se empezarán a sentir pronto, según los expertos.
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Los efectos son una oportunidad de análisis para actores políticos y población, a fin de que cuando hay procesos democráticos como una consulta popular sobre temas como este, el debate sea técnico y no político-populista. Si bien hay argumentos ambientales, la experiencia de varios países muestra alternativas.
La responsabilidad debe primar en cualquier proceso y hoy el desafío es encarar las consecuencias del cierre y acelerar la difícil búsqueda de recursos que reemplacen lo que se dejará de percibir. (O)
