La fecha está definida. El 14 de febrero de 2027 se elegirán alcaldes, concejales, prefectos, vocales de juntas parroquiales y a los siete vocales principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El periodo electoral está en marcha, así como el calendario con las fechas hito establecidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El organismo tiene tareas que a manera de llamado de atención dejó la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de sus misiones electorales en las últimas contiendas. No las debe cumplir en solitario, requiere de coordinación incluso con la Función Ejecutiva, particularmente una clave: la seguridad.
El informe de la Misión Electoral de la OEA que vino para las elecciones generales de 2025 sugirió que se incorporen protocolos de seguridad que prevean que, cuando haya un equipo asignado a la protección de candidatos no sea cambiado, excepto en casos debidamente justificados por razones de fuerza mayor.
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En las elecciones seccionales de 2023 hubo 61.850 candidatos. Disponer de un equipo de seguridad para cada uno es inviable, pero no merma la responsabilidad del Estado. El número de postulantes que integrarán las papeletas del 2027 se conocerá tras las inscripciones y calificaciones, lo cual aún es lejano, pero precisamente por ello hay tiempo para definir estrategias y mecanismos.
En procesos anteriores el CNE ha sido enlace entre el Ministerio del Interior y los candidatos para que se realicen los análisis de riesgo y la asignación de un equipo de seguridad.
Si se mantienen los mismos mecanismos, lo anunciará el organismo rector de la democracia, pero lo real es que se cuenta con el tiempo para un análisis pormenorizado junto con las autoridades del frente de seguridad, para evitar que se repitan hechos lamentables de atentados.
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El financiamiento de la seguridad de candidatos es otro tema pendiente. Antes lo ha cubierto el postulante o el partido auspiciante. (O)
