Desde este 3 de agosto hasta el 17 de este mismo mes las organizaciones políticas nacionales y provinciales están obligadas a efectuar procesos de democracia interna para definir a sus candidatos de las elecciones generales del 2025, en las que se escogerá al binomio presidencial, a los legisladores nacionales, provinciales y del exterior, y a los parlamentarios andinos, según el calendario electoral vigente.
El Código de la Democracia establece algunos mecanismos para esta selección; están las elecciones primarias entre varios precandidatos (con padrones abiertos o cerrados) y las convenciones nacionales, en las cuales se prevé que sea la propia militancia la que nomine a sus representantes luego de un debate interno.
El fin de esta disposición es que los candidatos no sean designados “a dedo” por los líderes o los caudillos de estas organizaciones. Algo que, sin embargo, todavía ocurre en algunos casos, según admiten los propios dirigentes. Con ello, las llamadas primarias terminan siendo solo mascaradas.
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La ley electoral no prohíbe a los ciudadanos independientes ser candidatos, pero sí es necesario que estén cobijados por alguna agrupación política. Pero en los últimos años se ha visto aparecer a candidatos sin partidos y, a su vez, a partidos que, por falta de cuadros, deben recurrir a figuras externas.
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Es deber de los partidos y movimientos ofrecerles a los ciudadanos opciones electorales que cumplan, por igual, con los requisitos legales formales (nacionalidad, edad o sitio de residencia) y con perfiles acordes a los cargos a los que aspiran (preparación y probidad, entre otros).
La ley exige, asimismo, que se observen cuotas para las candidaturas de mujeres y jóvenes, grupos que tradicionalmente han tenido pocos espacios en las agrupaciones políticas.
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene que seguir con atención estos procesos para evitar distorsiones en la definición de las listas y, por ende, en la vida democrática del país. (O)
