Nació con la Constitución del 2008, y a lo largo de sus más de quince años de existencia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha sido foco de polémicas políticas por el rol que tiene dentro de la institucionalidad democrática: la elección de autoridades de control.
La más reciente tiene que ver con la selección del vocal de la Judicatura que representa a la Corte Nacional de Justicia y que por ley preside ese organismo.
Una mayoría eligió, en principio, a Dunia Martínez, lo cual fue cuestionado por un sector político, que a través de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional buscó mecanismos para que los consejeros cambiaran esa designación. Y en una votación de reconsideración, otra mayoría designó a Mario Godoy.
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Dunia Martínez reaparece y observa ‘intromisiones perniciosas’ a la justicia
Desde los empresarios hasta la Comisión Anticorrupción han criticado esta movida política que pone otra vez en entredicho la transparencia de los procesos de selección.
Y como cada vez que ocurren hechos de este tipo, han surgido voces que piden que el CPCCS sea eliminado o al menos que ya no elija autoridades. Pero ya hubo intentos en ambos sentidos que no tuvieron éxito.
La Corte Constitucional ha dicho que para eliminarlo se necesita una reforma parcial a la Constitución a través de la Asamblea Nacional; y para modificar sus funciones, una enmienda, ya sea por la vía legislativa o un referéndum.
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En el 2019, un comité ciudadano logró llevar la propuesta de eliminarlo a la Asamblea, pero no hubo votos.
Una acción de protección busca devolverle a Dunia Martínez la vocalía en la Judicatura
Cuatro años después, en la consulta popular de Guillermo Lasso, se planteó traspasar al Legislativo la atribución del CPCCS de elegir autoridades. Lasso perdió.
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El único cambio que se le ha hecho, en la consulta popular de Lenín Moreno del 2018, fue la forma de elegir a sus vocales. Ya no es por concurso, sino en las urnas.
Sin alguna otra iniciativa concreta para transformar a este organismo a la vista, a la ciudadanía le corresponde vigilar sus actuaciones y exigirle que cumpla su rol de manera transparente y técnica, como manda la Constitución. (O)
