Es alarmante. Al menos un niño o una niña muere en el mundo por un acto de violencia cada cuatro minutos. La revelación la hizo ayer el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El pasado 3 de octubre, este Diario publicó datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos según los cuales el homicidio fue la principal causa de muerte en niños y adolescentes de 5 a 17 años el año pasado.
Aunque la información oficial evidencia este año una baja en la estadística de violencia en el Ecuador, los niños como víctimas colaterales no han dejado de aparecer en ella.
A nivel mundial, “cada año, la violencia se cobra la vida de un promedio de 130.000 niños, niñas y adolescentes menores de 20 años”, detalló Unicef en Colombia, donde se desarrolló la Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez.
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En la cita, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, conminó a los países a unirse para enfrentar ese problema del cual han sido víctimas niños, niñas y adolescentes.
Tiene razón el funcionario. Es momento de que los Gobiernos se unan no solo en reuniones y retórica, sino que haya políticas compartidas para sancionar a los responsables de la violencia, que se ha convertido en “un negocio” transnacional.
El trabajo infantil sigue vigente
Se requiere trabajo colaborativo para acabar con los grupos organizados que siembran el terror en nuestros países. Los planes gubernamentales de cada nación son importantes; pero, cuando la delincuencia cruza fronteras y atenta hasta contra los más vulnerables e inocentes, urgen acuerdos, compromisos y acciones que garanticen la protección de los ciudadanos y que no haya impunidad ni rutas de escape fácil para los que delinquen.
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Es un deber de los Gobiernos ofrecer un entorno seguro a los niños. La vida y la educación son derechos internacionales reconocidos por los Estados. Mucho se habla de la reconstrucción del tejido social: hay que empujarlo a favor de nuestros niños y jóvenes. (O)
