La viralidad que logran las denuncias, acusaciones e investigaciones en redes sociales, particularmente con casos que involucran a personajes públicos, debe ser tomada con cautela, lo que de ninguna manera implica evadir su existencia o que la opinión pública se convierta en juez y sentencie culpabilidad o inocencia.

Para eso está la Función Judicial, obligada a indagar con celeridad y extrema seriedad, lo que sí debe y puede ser demandado por la ciudadanía.

Cuando se ventilan casos de supuesto acoso que involucra a un exvicepresidente y una exasistente, temas de corrupción denunciados formalmente o hay un pedido de la Fiscalía General del Estado para que el sistema judicial establezca fecha y hora para formular cargos por el delito de delincuencia organizada dentro del denominado caso Encuentro, además de lamentarlo como sociedad, es una obligación de los más altos líderes del país y de los ciudadanos reclamar que se llegue a la verdad absoluta.

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No se puede olvidar el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución del Ecuador, que en su artículo 76, numeral dos, señala textualmente: Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.

El debido proceso también está consagrado en la carta magna.

El momento histórico actual, más que nunca, demanda que las leyes se respeten, pero dentro de lo mismo está la necesidad de verdad, de transparencia, de que no haya cabida para la impunidad en ningún caso.

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El respeto por la sociedad empieza por las autoridades. Las funciones del Estado están llamadas a extremar esfuerzos por la institucionalidad. Un país con justicia es una mejor nación para el presente y el futuro y es derecho los ciudadanos aspirar a aquello. Los ojos de los ecuatorianos están puestos en el trabajo que debe cumplir la Función Judicial. (O)