La eliminación de la tabla de drogas abrió el debate en diferentes grupos de la ciudadanía sobre si esta era o no una decisión acertada. El Gobierno señaló que la tabla fomentaba el microtráfico y era un elemento nocivo para la sociedad ecuatoriana.

Por ello, el presidente Daniel Noboa solicitó al Ministerio del Interior la derogación de la tabla y dispuso el desarrollo de programas de información, prevención y control de consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Esto fue el 24 de noviembre.

Julieta Sagñay, quien lleva años trabajando en la desintoxicación de adictos a las drogas, califica esta derogatoria como “un primer paso”. Afirma que la eliminación de este instrumento debe ir acompañada de una estrategia dirigida al tratamiento de las adicciones y que se debe trabajar con jóvenes, docentes y padres de familia con acciones medibles.

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¿La derogatoria de la tabla de drogas fue un primer paso hacia la creación de una política que incluya prevención y tratamiento de adicciones?

Fue un primer paso. Yo estoy segura de que tienen otras estrategias. Si no las tienen, tenemos que exigirlas; tenemos que exigir que el Estado cumpla con lo que dice el artículo 364 de la Constitución, que habla de que el Estado brindará tratamiento para las adicciones y políticas de prevención.

Pienso que es un primer paso que obliga al Estado a atender esta enfermedad, pero ya de manera correcta. Aquí debe haber reformas tanto en el sistema de salud como en el sistema jurídico y educativo.

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Parte del debate está centrado en que esto colmará, aún más, las cárceles.

Las personas que se oponen a la eliminación de la tabla dicen que van a llenar las cárceles, y la realidad es que las cárceles ya están llenas de adictos. Fueron mis pacientes adictos los que fueron encarcelados porque no tuvieron cómo pagarle a un abogado, porque siempre portaban más de lo que dice la ignorante tabla.

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Si vas al sistema de salud, el médico te dice: “Toma tu paracetamol y pon de tu parte”; o te dice: “Ven la próxima semana”.

Entonces, todo esto contribuyó a que a este joven, incluso en el sistema educativo, se le violaran sus derechos porque entraron con policía, entraron con perros a los colegios, les revisaron sus mochilas y los expulsaron del colegio. Estos jóvenes expulsados buscaron el centro de salud, donde solo les recetaban paracetamol. Las madres los encerraron en clínicas clandestinas de donde salieron con más ganas a consumir.

El sistema de justicia desconoce cómo es la compulsión de esta enfermedad y los encarceló porque los encontraban con más de la dosis en la tabla. Esa tabla no es un instrumento de diagnóstico para decidir quién es adicto y quién no. Se necesitan peritos, forenses especializados, asesoramiento técnico, cortes especializadas que ayuden a hacer una evaluación individual y determinen si alguien consume o está realmente traficando.

Hay que entender que generalmente el que trafica no consume; él jamás se expone.

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Sabía que regalándole seis funditas de dosis de hache al joven, este joven, una vez dependiente, iba a hacer lo que sea por consumir. Primero a robarle a su familia, luego a vender de sus propias dosis, dedicarse al narcomenudeo y convertirse en un microtraficante. Jamás se expuso al traficante en realidad.

Desde la visión de la experta, se debe trabajar con padres de familia, docentes y adolescentes en materia de adicciones. Foto: El Universo

Algunos expertos dicen que no hay que atribuir todo el problema de las drogas a la tabla. ¿Qué lectura le da a eso?

¿Y a quién se le va a atribuir, entonces? Si desde que socializaron la tabla, y no en sí la tabla, sino desde cuando decían “dosis personal”, los jóvenes a mí me decían: “Es que es mi dosis personal”, “Es que el presidente dijo que era legal drogarse y portar mi dosis personal”.

¿A quién se le atribuye, entonces? A esto hay que sumarle la negligencia, que no fue solamente la socialización de la dosis permitida, sino la negligencia con la que fue tratada esta enfermedad.

La conducta cambió a raíz de que se socializó la frase “dosis permitida”. Esto causó un fenómeno llamado disminución de la percepción del riesgo. Lo mismo ocurrió en Colombia en el 2005. Ya en el 2009, ante la evidencia de que esta despenalización de consumo mínimo incrementó la violencia y la edad de inicio de consumo era en menores de edad, se tuvo que derogar.

Allá están a la vanguardia los tratamientos. El Estado paga por las comunidades terapéuticas y por políticas de prevención.

Usted ha hablado de una emergencia sanitaria que se puede desencadenar si no se ejecutan estrategias, ¿por qué?

Me preocupa mucho que pueda atraer una emergencia sanitaria, que se pueda presentar una emergencia sanitaria, ya que los jóvenes se van a esconder en sus casas a pasar la abstinencia, los padres pueden automedicarlos, encadenarlos. A mí me preocupa mucho eso y que el sistema de salud no lo atienda.

Yo estoy segura de que este fue un primer paso y que tienen otras medidas, así también a nivel judicial, para que no se victimice a los adictos, para que no se los encarcele.

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Sería la primera en alzar mi voz, porque no se debe encarcelar una enfermedad: debes tratarla, como se hace en Estados Unidos y en Portugal, en las que hay cortes especializadas. Allá se evalúa, diagnostica y coaccionan a la persona a recibir un tratamiento, ya sea ambulatorio o residencial; pero no los apresan, no los sentencian, porque eso sería entregarle una población más vulnerable al crimen organizado.

Ecuador debe copiar todo lo completo. Si se atrevieron a copiar esta escala, umbral, tabla, como sea que se llame, copien todo el sistema en sí.

¿Y en el ámbito judicial?

Es el momento, ahora que se anula esta tabla, de entregarles a los jueces otros instrumentos, otras escalas para que ellos puedan trabajar. Pero no “encarcelar a una enfermedad”, como ya se hizo.

Están preocupados por que se van a llenar las cárceles: pues, ya las llenaron. Entonces, queremos evitar que se criminalice al adicto y que el Ministerio de Salud abra las puertas, abra áreas de desintoxicación para que los padres tengan la oportunidad de darle un tratamiento hospitalario y no empírico, como se hizo hasta ahora.

Se necesita un tratamiento de desintoxicación real para luego, en la segunda fase, buscar una rehabilitación.

Y, sobre todo, esto también va a obligar a que el Estado ejerza políticas de prevención basadas en evidencia. No podemos estar con las típicas charlas de “Dile NO a las drogas”; eso no funciona.

Esta eliminación de tabla va a derivar en la creación de otra, en la definición de umbrales, porque así lo establece la ley...

Sí, pero eso es algo que no se debería socializar, porque incluso el umbral no corresponde al consumo real. Esos umbrales son para gente que experimenta, recreativa, pero no podemos decir así de manera irresponsable que hay que aumentar los umbrales.

¿Qué entenderían los chicos? “Nos están permitiendo ya no consumir 20 gramos de marihuana, sino 40″, por ejemplo.

Eso es algo que debe quedarse entre los jueces, en escritorio del juez, para que él sepa cómo sentenciar. No tiene por qué socializarse, así hagan una nueva escala, un nuevo umbral.

La tabla no puede ser el único instrumento; eso es lo que le quiero decir: no puede ser el único instrumento para determinar una enfermedad y para poder sentenciar al verdadero narcotraficante.

El Ministro de Salud indicó que se requieren profesionales para trabajar en materia de adicciones, profesionales con experiencia...

En los ocho años que yo estuve en medicina, nunca nos dieron sobre la materia de adicciones, nunca nos enseñaron, no hay profesionales formados en esto.

Sin embargo, es algo que se puede tratar a nivel de emergencia hospitalaria. Los médicos generales están capacitados para tratar la abstinencia. Todo es cuestión de armar un protocolo, de armar una estrategia de tratamiento, de saber a qué drogas estamos enfrentándonos, porque los chicos consumen varias drogas. Hay politoxicomanía, es decir, están mezclando una droga con la otra, hache con cocaína (cappuccino), hache con marihuana (mariachi).

Hay que empezar a ver a esta enfermedad sin discriminación, sin estigma y con humanidad”.

Julieta Sagñay, experta en adicciones.

¿Quiénes serían esos profesionales?

Los médicos emergenciólogos, los generales, están capacitados porque son síntomas generales: dolor, ansiedad, deshidratación, vómitos, diarrea, síntomas que para ellos son muy fuertes. ¿Un médico general podría estar capacitado a atender esa emergencia?, sí.

En la rehabilitación sí se requiere de especialistas, adictólogos, incluso del psiquiatra, porque muchas de estas adicciones van de la mano con otras patologías, es decir, con enfermedades psiquiátricas. Los psicólogos también entrarían en este grupo de trabajo, por supuesto, porque ayudarían en la rehabilitación, la reinserción, la prevención de recaídas.

Al psicólogo le toca, una vez que eliminas la droga, brindarle la rehabilitación y la reeducación a esa persona, ver por qué consume, qué pasa en su familia, qué pasa con sus sentimientos, con sus emociones, cómo prevenir una recaída. Es un trabajo que mínimo debe durar un año de diferentes formas, ya sea ingresado, ambulatorio, sede residencial.

No hay una sola fórmula. Se necesita voluntad política y también voluntad médica, y se lo puede hacer en este mismo momento abriendo áreas en los hospitales dedicadas a la desintoxicación de estos jóvenes para que puedan acudir por lo menos a dar este primer paso.

El sistema de salud, tal y como está, ¿pudiera empezar a trabajar en una estrategia en materia de adicciones?

Sí, y puede incluso adecuar sitios. Tienen edificios vacíos, tienen camas, tienen los medicamentos en el cuadro básico. Lo que necesitan es capacitar a los médicos; los médicos estarían listos para hacerlo y, por lo menos, dar ese primer paso.

Alguna vez lo hizo un hospital, lo hizo cuando las clínicas se incendiaron. Ahí fue que armaron una área de contingencia en un hospital, porque a esos chicos no los iban a sacar a la calle. Los llevaron a ese hospital para continuar con su tratamiento; pero creo que eso no continuó.

Lo que se necesita aquí es que exista ya un protocolo, un protocolo establecido que nadie lo cambie así vengan otro Ministro de Salud o Gobierno.

Entonces, que ya exista este protocolo que se puede hacer ya desde este mismo momento. Que los hospitales puedan recibir a estos jóvenes y al menos darle esa paz a la familia de eliminar la droga de su cerebro, para que su cerebro recobre esa voluntad que no tiene, para que recobre el juicio y para que acepte un tratamiento de rehabilitación.

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¿Qué sucederá con aquellas personas consumidoras que viven en las calles?

Ahí hay otra situación: ellos están muy cronificados. Sin embargo, en esas mismas calles hay alguno que ya se hartó de consumir, que ya no quiere vivir esa vida y que necesita la ayuda. Pero ahí viene otro tema: esa persona va a un hospital y le piden cédula, cuando no la tiene; le piden representante. O sea, tenemos que dejar la burocracia.

Esta enfermedad es difícil, es crónica; muchos de ellos están cronificados y ya tienen trastornos mentales.

¿Por qué cree que el índice de femicidios ha aumentado? Porque muchos de esos femicidios están relacionados al consumo de sustancias que los vuelve paranoicos, celópatas, agresivos.

Entonces, alguien debe hacer las cosas, pero ya no con un tinte político, sino humanitario. Hay que empezar a ver a esta enfermedad sin discriminación, sin estigma y con humanidad.

¿Y qué tipo de acciones se requieren?

Evitar que los jóvenes se persuadan de que ya no pueden estar transportando una dosis personal, ejercer políticas de prevención que sean medibles y, al que ya está metido en esta situación, brindarle la mano, la ayuda. Es devolver a alguien la paz, a toda una familia entera, quizás hasta un barrio, porque va a servir de ejemplo de cómo una persona sí quiere recuperarse porque está cansada de vivir en las calles y de vivir para consumir.

El problema es que a veces no adecuamos las cosas a nuestra realidad. Nuestra realidad es que aquí el joven es coaccionado o persuadido para que consuma la hache, y ya saben que en los baños, en el recreo, ya saben que se va a volver adicto o dependiente y que a la semana ya va a pedir su dosis personal.

¿Cómo sería una política de prevención medible, por ejemplo?

No puede ser una charla, no puede ser la de “Dile NO a las drogas”, porque los chicos aprovecharon el momento de la charla para meterse ya la droga a la nariz. Se tiene que trabajar con los padres en la forma de crianza, en darles la responsabilidad a los padres para que ellos ayuden a formar la personalidad de sus chicos, aumentar los factores de protección y disminuir los de riesgo.

¿Cuáles son esos factores de protección y de riesgo?

Los primeros son la familia, el tiempo libre, dedicarse a los deportes, enseñarles formas de gestionar las emociones, de regularse, prepararse para el bullying, fomentar sus metas.

Los de riesgo son la presión social que tiene el chico por parte de otros quienes le dicen que eso lo hará sentirse bien. Hay que entender que el ser adolescente ya es un factor de riesgo. La familia distorsionada, la familia que vende drogas en este momento, ese el mayor factor de riesgo. Y una sociedad que no hace nada o un país permisivo que no hace nada al respecto es un mayor factor de riesgo.

Una política de prevención encierra muchas intervenciones, no solamente con el joven en sí, sino con los docentes, con la familia, porque es todo un equipo y se tiene que medir.

Es saber: ¿cómo funcionó esta estrategia?, ¿evitó que los jóvenes consumieran drogas legales, como alcohol y tabaco, por lo menos hasta los 18 años?, ¿cuántos jóvenes no consumieron drogas legales hasta los 18 años en los colegios, por ejemplo? (I)