Los árboles no solo dan sombra o un momento de respiro de aire fresco en los días calurosos de Guayaquil. Son seres vivos, algunos más longevos que el promedio de vida de los humanos, y si tuvieran la capacidad de contarnos de lo que han sido testigos la historia sería más fidedigna.

“Si estos hablaran”, decía con ironía una de las especialistas en flora cuando el recorrido que hizo la Municipalidad, el 24 de abril pasado por los puntos que albergan a los que son considerados árboles patrimoniales, pasaba por el parque Víctor Emilio Estrada, en el norte de la ciudad. Serían palabras de promesas de amor eterno, algunas cumplidas, otras no.

La literatura les atribuye proezas épicas, como los ents del mundo mitológico creado por el escritor británico John Reuel Tolkien en la novela El señor de los anillos (llevada al cine), en la que son una raza de seres inteligentes que hablan y se desplazan lentamente.

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La Constitución del Ecuador dio derechos a la naturaleza, los que deben ser tutelados para hacer cumplir su protección en el país.

En el caso de Guayaquil existe la ordenanza que regula el Manejo y Gestión de los Espacios Verdes de Uso Público y el Arbolado Urbano del Cantón, vigente desde noviembre del 2021. Esta incluye sanciones a quien los afecte en la red viaria, parques, plazas, bosques, predios públicos, e incluso privados.

Los árboles tienen múltiples funciones ecológicas, son “un organismo complejo que aloja a otros como algas, hongos, musgos, líquenes, epífitas, insectos y otros interdependientes tanto en copa, tronco, como en sistema radicular (a la redonda)”,

Entre las medidas de protección se dispone que “los propietarios de los solares vacíos son responsables del arbolado asentado en dichos espacios. No pueden realizar intervenciones sin aval técnico de autoridad competente”.

Estos deberán obtener de manera previa el informe técnico emitido por la Dirección Municipal de Áreas Verdes para proceder con la tala o poda. El incumplimiento será considerado una infracción grave, que implica una multa que va desde cinco ($ 2.250) hasta diez salarios básicos ($ 4.500).

También se aplica en caso de afectación severa no autorizada. Adicional a la multa se exigirán medidas de restauración al daño ambiental ocasionado.

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Una de las causas para talar un árbol es “cuando obstaculice la construcción de una obra privada, sin que el mismo se pueda trasplantar”.

Si la tala es obligatoria se exigirá la plantación de diez árboles o un ejemplar de tamaño y condiciones recomendadas en el Manual Técnico de Gestión del Arbolado Urbano de Guayaquil por cada año de edad del árbol talado. “En los casos en los que no fuese posible realizar la reposición en el mismo sitio ni en lugares aledaños, los ejemplares producto de la reposición se aprobarán y entregarán a la Dirección de Áreas Verdes para su incorporación en la Red Verde Urbana”, indica la ordenanza.

María Fernanda Rumbea, directora de Ambiente del Municipio de Guayaquil, afirma que el crecimiento urbano desplaza a los árboles por lo que se requería esta normativa. “Tuvimos una construcción en la que pretendían cortar un árbol porque por allí querían hacer el estacionamiento. Nos pidieron la autorización como Dirección de Áreas Verdes y la negamos. Y allí está el árbol coexistiendo, entonces nos falta. Los arquitectos y constructores ven a los árboles como un obstáculo, en vez de que lo hagan parte del diseño urbanístico de la obra”.

La ciudadanía puede denunciar si considera que hay la afectación de un árbol y se puede intervenir, incluso si es en un predio privado desde que está vigente la ordenanza.

“La gente sí denuncia mucho, nos mandan la foto, vamos con la comisaría ambiental y sancionamos”, dice Rumbea.

Otro ejemplo es el del dueño de una casa en Puerto Azul, quien consideró que dos árboles samanes, que estaban en los espacios de uso común de la ciudadela, se estaban acercando mucho a su vivienda por lo que decidió talarlos.

“Ese caso fue sancionado y también lo hacemos cuando hacen una poda antitécnica. Muchas veces las ramas les tapa algún letrero, entonces los cortan sin talarlo, pero eso produce que el ejemplar se enferme”, asegura.

Desde que está vigente la ordenanza se han presentado un total de 39 solicitudes de tala y poda de árboles en predios privados. La principal causa es que provocan daños en la propiedad como levantamiento de pisos y paredes, por lo que se procede tras la verificación.

Hay protecciones adicionales y sanciones más severas para los árboles y arboledas declaradas patrimoniales. El listado incluye a 32 árboles individuales y a 321 ejemplares ubicados en trece arboledas que están dentro del perímetro urbano de Guayaquil.

La mayor cantidad de estos son samanes, cauchos, ceibos, caoba y cedros. En las arboledas hay guachapelí, acacia rosada y acacio amarillo, guayacán rosado, jacarandá, entre otros. Son un total de 23 especies incluidas en el listado de árboles patrimoniales.

De los declarados patrimoniales se calcula que los ubicados en el parque de Urdesa norte tienen una edad de 70 años, afirma Verónica Manrique, subdirectora de Ambiente del cabildo.

El área de protección de estos debe considerar como mínimo el doble de la superficie delimitada por la línea de goteo (perímetro que delimita la superficie de terreno que ocupa la proyección imaginaria de la copa de un árbol o arbusto).

Para las arboledas patrimoniales, el área de protección será de 15 metros exteriores a la superficie del polígono delimitado por el centro de los troncos de los árboles más externos que la conforman.

Su tala o afectación severa no autorizada es considerada una infracción muy grave, cuya multa va desde 11 salarios básicos unificados ($ 4.950) hasta 50 ($ 22.500).

Una plaga nueva afecta al arbolado urbano

Al crecimiento urbanístico se suman otros peligros que enfrentan los árboles como las plagas que afectan más a las especies introducidas que no son parte del bosque seco tropical, como los samanes.

“En la avenida Francisco Rizzo (en el norte) se sacaron porque estaban afectados por cochinilla. Algunas plagas son estacionarias, una dejó una afectación fuerte entre 2020 y 2021 que perjudicó a los de especie samán. Ahora hay otra variación. Retirar estos árboles y reponerlos requiere su tiempo, son grandes, primero hay que bajar su altura para disminuir el riesgo, extraer el tocón (sección de tronco que queda en el suelo unida a la raíz), sacar la raíz y dejar la tierra preparada para hacer la siguiente siembra”, agrega Manrique.

Durante la pandemia del COVID-19 hubo una proliferación más alta de una especie de la variación cochinilla.

Diana González, jefa de Mantenimiento y Preservación de Áreas Verdes de la Municipalidad, indica que “la afectación fue grave en más de 300 samanes dentro del perímetro urbano, pero solo en el norte de la ciudad, estos fueron retirados o seguimos en eso. Luego bajó la incidencia, subió el nivel de mariquitas que fue un controlador biológico que se diseminó de forma natural”.

Una nueva plaga apareció registrada desde finales de enero último. Es otra especie de la variedad cochinilla. “La diferencia es que esta es una masa blanca (que cubre el tronco) con una forma y comportamiento distinto, incluso es más agresiva. La cantidad de insectos en una sola masa es abismal, hay daños graves en estos tres meses”, añade González. También afecta más a los nuevos brotes del samán.

El parque Víctor Emilio Estrada, en Urdesa central en el norte de Guayaquil, alberga 17 árboles patrimoniales que tienen entre 12 y 16 metros de alto. Uno de ellos tiene letras y números perennizados en su tronco que hoy están fuera del alcance de un transeúnte parado desde el suelo del lugar, una prueba de que el árbol creció y que la inscripción se hizo hace algunos años.

Rayar un árbol tiene consecuencias negativas, explica González, ya que el objeto con el que se haga, como un clavo, puede generar el ingreso de patógenos infecciosos que afectan a la especie.

Cada uno de los árboles patrimoniales tiene su ficha con foto, ubicación, especie y altura.

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Rumbea afirma que los dueños de predios privados o encargados de construcciones se arriesgan menos y hacen las solicitudes antes de talar. La idea es añadir más árboles patrimoniales a largo plazo, incluso los que están en solares particulares.

Los árboles sostienen la vida de animales como las aves, insectos, reptiles y mamíferos. “Guayaquil es una ciudad muy visitada por avistamiento de aves que anidan en los árboles”.

Una problemática es la desproporción de las áreas verdes dentro de la zona urbana, concentradas en mayor medida en ciertas partes del norte, mientras que en el suroeste son escasas.

Esta última área abarca la parroquia Febres Cordero, que creció de invasiones sobre zonas de manglares que fueron rellenadas. “El nivel freático allí es muy alto, entonces si se cava para poner árboles te encuentras agua, entonces buscamos mecanismos para hacer siembra de mangle con la academia”.

¿Cómo conseguir una mejor distribución?

Guayaquil cuenta con 24,58 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, según el cálculo municipal.

La funcionaria del cabildo responde que para compensar la mala distribución de estas se ejecuta el Plan de Arborización mediante el cual se sembraron 4.000 árboles en 2021 y 8.000 más durante el año pasado. “Se hizo en zonas donde hacía falta árboles o tenían palmeras, las que fueran reemplazadas por especies nativas”.

En varias avenidas de Guayaquil ya se sembraron durante lo que va de este año 3.500 árboles, algunos van en reemplazo de palmeras, otros están en nuevos lugares.

Es un legado, dicen las funcionarias, a la nueva administración de Aquiles Álvarez que asumirá el 14 de mayo próximo, en reemplazo de la alcaldesa Cynthia Viteri que cierra 31 años de hegemonía del Partido Social Cristiano en la ciudad.

“Aquí lo importante no son las personas que estén, sino la ruta trazada con el objetivo de que Guayaquil sea más verde y resiliente ante los efectos del cambio climático. Los árboles mejoran con sus raíces la permeabilidad, absorbe el agua, tienen una captación de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Además, mejoran temperaturas, pero hay muy poco conocimiento”.

Un estudio de la Corporación Andina de Fomento (CAF), entregado en noviembre del 2021, recomendó la siembra de 5.500 árboles al año durante los próximos diez años.

De los 5.500 de este año ya queda contratada la siembra de 3.500 con la actual administración, asegura Rumbea.

El art. 152 del Código Orgánico del Ambiente, expedido en abril del 2017, indica que con el fin de promover el desarrollo urbano sostenible, se reconoce como de interés público el establecimiento, conservación, manejo e incremento de árboles en las zonas urbanas, priorizando los árboles nativos en las zonas territoriales respectivas”.

La normativa de la ciudad señala como meta una “dotación mínima de diez metros cuadrados de bosques, parques y jardines de acceso público por habitante”. (I)