El colectivo Quito Sin Minería está a la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) les otorgue los formularios para la recolección de cerca de 200.000 firmas que viabilicen la consulta popular sobre la prohibición de minería en la Mancomunidad del Chocó (integrada por las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto). El pasado 28 de enero la Corte Constitucional (CC) del Ecuador aprobó el pedido del plebiscito.

Luego de la entrega de los formularios, el colectivo tendrá un periodo de seis meses para reunir las rúbricas y presentarlas para su verificación en el CNE. Las organizaciones ambientales que impulsan la consulta acudieron el pasado 31 de enero a las dependencias del ente electoral en Quito.

Esta consulta solo incluirá a los electores que habitan en el Distrito Metropolitano de Quito. En su dictamen, la CC reiteró que los efectos de la consulta popular, ante un pronunciamiento afirmativo, serán únicamente hacia el futuro y deberán ser implementados por los diferentes niveles de gobierno en el ámbito de sus competencias, lo cual incluye a los Gobiernos autónomos descentralizados y el nacional.

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Sylvia Bonilla, abogada que ha impulsado la petición de esta consulta y que también pertenece al Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo, afirma que luego de entregar las firmas el CNE tiene un plazo máximo de 30 días para convocar a consulta.

“Por los tiempos, el CNE no podría llamar a consulta más allá de las elecciones seccionales del 2023. Estamos a la espera de los formularios cuya entrega debe ser inmediata. Sabemos que actualmente el CNE está aprobando el calendario electoral y que la presidenta del organismo está denunciando que el Gobierno no le está dando recursos suficientes para estos procesos (consulta). Por eso estamos alertas de que el Ministerio de Finanzas destine los recursos”, dice.

La experta indica que también han pedido al CNE que se les entregue copia certificada de todos los reglamentos e instructivos vigentes para evitar situaciones como la vivida por el colectivo Yasunidos en el 2014 cuando la autoridad electoral dio de baja cerca de 400.000 firmas de las 750.000 recogidas que buscaban dejar el petróleo bajo tierra en el ITT en el Yasuní. Esto impidió que se realice la consulta y le dio vía libre al gobierno de turno para explotar la zona.

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“En el caso de Yasunidos se cambiaron los reglamentos y los protocolos en medio del proceso de verificación de firmas. Además, nosotros nos proponemos reunir más de 200.000 firmas y en la verificación exigiremos que haya un veedor por cada persona que esté verificando las firmas”, añade.

El Chocó Andino se encuentra entre los 600 sitios declarados como reservas de biósfera en el mundo y es uno de los 40 hotspots biológicos del planeta por su alta biodiversidad y alto nivel de amenaza y destrucción de sus ecosistemas. Foto: Archivo

Inty Arcos, biólogo y que también ha impulsado la consulta, indica que si el CNE les da los formularios esta semana, desde la siguiente empezará la recolección de firmas. Añade que ya están diseñando una planificación para establecer puntos fijos para recoger las rúbricas.

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“Se viene un proceso de recolección de firmas que será una fiesta y un proceso de aprendizaje para los ciudadanos urbanos que reflexionarán sobre la necesidad de conservar las áreas verdes donde se produce el oxígeno, el agua, el alimento que los mantiene vivos. Vamos a abrir muchos espacios en la ciudad de Quito para la recolección, ya que hay muchos vecinos, trabajadores, estudiantes, que han ofrecido sus casas. En las elecciones seccionales del 2023 votaremos sobre la minería en la biósfera del Chocó”, dice.

Añade que la aprobación de la consulta por parte de la CC marca un precedente histórico, ya que el pedido fue directo de la ciudadanía: “Buscamos preservar las especies, la naturaleza, el turismo sostenible, ya que la minería pone en riesgo todo esto”. El Chocó Andino es uno de los 600 sitios declarados como reservas de biósfera y uno de los 40 hotspots biológicos del planeta. (I)