El pasado 5 de marzo autoridades peruanas bombardearon maquinaria con matrículas ecuatorianas que era usada para la extracción ilegal de oro dentro de su territorio y contaminar ríos, en el sector de Tabacal en la frontera con Ecuador. Con bombas y misiles se destruyeron retroexcavadoras. Al principio se dijo que el operativo estuvo a cargo del Ejército peruano, pero luego se confirmó que fue la Policía de esa nación.

Este hecho generó varios debates: desde el análisis de considerar el ataque como una “agresión” hasta los pedidos de que las Fuerzas Armadas ecuatorianas tomen como “ejemplo” a Perú y también bombardee los campamentos de minería ilegal que se han detectado en todas las regiones del país, en especial la Amazonía, y cuyos daños ambientales se extienden a millones de hectáreas.

Militares peruanos detonaron maquinaria de Ecuador usada en minería ilegal

Julio César Cueva, abogado penalista, aclara que la acción realizada por las autoridades peruanas no puede considerarse una agresión contra Ecuador, ya que estaban cuidando su territorio de una actividad ilegal que está extrayendo sus recursos.

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No importa que tengan matrícula ecuatoriana, colombiana, china. Fue una decisión que buscaba defender su soberanía. Además, el bombardeo se dio en territorio peruano y no en Ecuador. Por ejemplo, lo que hizo Colombia, en Angostura (cuando en 2008 realizó una operación militar dentro del territorio ecuatoriano y donde falleció el guerrillero Raúl Reyes), eso sí fue una agresión”, indica.

Si bien no puede considerarse una agresión lo realizado por Perú, Gustavo Manrique, ministro de Ambiente de Ecuador, dialogó con su par peruana sobre el hecho y acordaron reunirse en la zona fronteriza, en abril próximo, para definir acciones conjuntas contra la minería ilegal, delito que ha escalado de forma alarmante en los dos países.

Autoridades peruanas bombardearon maquinaria ecuatoriana en su territorio. Foto: Captura de pantalla de video

Sobre si las Fuerzas Armadas de Ecuador pueden atacar con bombas y misiles campamentos de minería ilegal, Cueva afirma que la legislación nacional lo impide. “Las acciones de las Fuerzas Armadas y el uso de su equipamiento está regulado por la Constitución y tampoco es el rol de las Fuerzas Armadas hacer esto. Además, este tipo de situaciones no se puede resolver con bombas porque si fuera así ya hubiesen bombardeado los laboratorios de droga que están en el Amazonía”, dice Cueva.

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La normativa ecuatoriana de hecho habla de decomiso de maquinaria que se utilicen en actividades ilegales e incluso se ordena su destrucción en ciertos casos: “Estas máquinas decomisadas le pueden servir al Estado para la construcción de carreteras. El Código Orgánico Integral Penal sí contempla el procedimiento para estos casos. Ahora, la destrucción que es ordenada por ley es inhabilitarla para el trabajo, no bombardearlas. También hay que analizar que en un bombardeo pueden resultar heridas personas”, añade.

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Solo para resguardar las fronteras y para enfrentar un conflicto bélico con otra nación las FF.AA. estarían autorizadas para utilizar armamento pesado, pero siempre que sea para defender la soberanía del Ecuador. En enero pasado, el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) resolvió declarar la minería ilegal como una amenaza a la seguridad integral del Estado ecuatoriano. Aunque esta figura da más herramientas a las FF.AA. para enfrentar este delito tampoco le permite realizar bombardeos en campamentos mineros ilegales.

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Sylvia Bonilla, abogada especializada en Derecho ambiental, coincide en que las FF.AA. no pueden realizar este tipo de operativos dentro de territorio ecuatoriano y cree que si pudiera tampoco sería la solución al problema.

En Ecuador se discute en estos momentos un reforma constitucional dentro de la Asamblea donde se define el rol complementario de las Fuerzas Armadas que les permitiría intervenir contra la minería ilegal. Si se aprueba en el Legislativo, debe ir a referéndum. Sin embargo, la preparación de las FF.AA. es diferente al de la Policía y llevar ese entrenamiento contra la ciudadanía, contra el pueblo pueden generar consecuencias graves. Las FF.AA no pueden ni deben tener un rol de control interno”, indica.

Otro de los aspectos que cuestiona la jurista es que se presente a las Fuerzas Armadas como una solución a todo, pero a la vez haya un “doble rol” por parte del Estado para definir lo que es minería ilegal.

Porque hay minería autorizada por el Estado, pero que también tienen vicios de ilegalidad, ya que ha sido introducida a la fuerza en las comunidades sin consulta previa. El término de minería ilegal es muy subjetivo. Sin embargo, todo esto es un problema real que genera conflictos y que presionan a muchos ecuatorianos”, afirma.

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También cuestionan que el Gobierno haya dado apoyo militar a las concesiones mineras legales, ya que la presencia de las Fuerzas Armadas, especialmente en territorios indígenas, lo que hace es incrementar el miedo y la violencia.

En este contexto utilizar la fuerza y la presión lo único que haría es aumentar los conflictos sociales en los territorios afectados por las actividades extractivas. Recomienda trabajar en la falta de acceso a la educación de los niños y jóvenes, a empleo adecuado, a medicinas, mejorar los pisos de protección social antes de aplicar una respuesta agresiva con las Fuerzas Armadas.

La Cámara de Minería del Ecuador, aunque evitó ahondar en el tema, afirma que Ecuador es un “Estado soberano que puede decidir las estrategias con las que combate el azote de la minería ilegal que no solamente afecta al país sino a otras naciones”. (I)