El Banco Central del Ecuador (BCE) informó la tarde de este viernes 17 de mayo que levantó el bloqueo temporal que impuso a dos bonos del Estado, valorados por un total de $ 22,2 millones, los cuales fueron pagados diciembre de 2023 a los hermanos Bucaram Aivas. El bloqueo se aplicó tras un dictamen de la Corte Constitucional, emitido en abril de este año, que anuló las sentencias que favorecieron a los hermanos y dispuso la recuperación de los valores.

Los papeles en cuestión no quedaron en manos de los beneficiarios, sino que se vendieron a terceros, a través del mercado bursátil, antes de la resolución de la Corte.

Con ese contexto, el Banco Central explicó que la restricción a los bonos fue una “medida administrativa temporal” que se adoptó mientras se hizo un “análisis técnico e integral respecto de la titularidad de aquellos valores”.

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A renglón seguido, el BCE confirmó que el bloqueo terminó al verificar que “la titularidad de los bonos corresponde a terceros ajenos al caso en referencia, quienes adquirieron los títulos previo a la sentencia emitida por la Corte Constitucional”.

Adicionalmente, la institución aclaró que mientras duró la medida no se afectó la titularidad de los títulos, “ni tampoco las ganancias percibidas por los tenedores de estos valores por los intereses generados”.

Previo al anuncio del BCE, las bolsas de valores de Quito y Guayaquil expresaron su preocupación. Señalaron que el Banco Central, a través del Depósito Centralizado de Valores (DCV-BCE), hizo una “interpretación extensiva, errónea y contraria a derecho, al haber bloqueado la propiedad de los bonos”, ya que se estaría actuando como si los inversionistas que compraron los títulos “hubiesen participado en los actos declarados ilegítimos y nulos por la Corte Constitucional”.

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En su momento, las instituciones comentaron que la situación no solo afectaba a los inversionistas de buena fe que adquirieron los bonos a los hermanos, sino que también trastocaba “la credibilidad de todos los bonos del Estado ya negociados y en poder de inversionistas y aquellos que se pretendan negociar en el mercado bursátil a futuro”.

Finanzas busca la forma de recuperar los valores

En su dictamen, la Corte dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el Ministerio de Agricultura (MAG) y el Banco Central, debe recuperar los valores entregados a los hermanos Bucaram Aivas.

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El 16 de mayo el MEF compartió un comunicado en el que explicó que en septiembre de 2023 recibió una solicitud del Ministerio de Agricultura para la asignación de recursos, ya que debía cumplir una sentencia judicial en su contra emitida por jueces de Los Ríos, por un recurso de habeas data, en un litigio por posesión de tierras con los hermanos Bucaram Aivas que involucró el pago de una indemnización valorada en $ 22,2 millones.

“Esta sentencia judicial no podía ser incumplida por el Estado porque la misma se encontraba ejecutoriada”, justificó Finanzas y resaltó que el incumplimiento del fallo podía derivar en multas y hasta en la destitución de autoridades.

La institución aclaró que el pago se efectuó con bonos del Estado porque no había liquidez en la caja fiscal. Y añadió que una vez que la Corte Constitucional declaró nulas las sentencias de primera y segunda instancia, del 20 de julio de 2021 y del 2 de diciembre de 2021, respectivamente, se encamina la recuperación de los títulos.

La entrega de bonos se dio a partir de un convenio de dación de pago suscrito el 22 de diciembre de 2023 entre el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí, y José Fernando Bucaram Aivas, en calidad de apoderado de sus hermanos Carlos Elías y Juan Xavier.

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En el convenio, el Estado se comprometió a cancelar la indemnización mediante la entrega en dación de pago de dos Bonos del Estado de Deuda Interna, hasta el 27 de diciembre de 2023, por un total de $ 22′242.251,20. Los títulos estuvieron valorados en $ 21′793.236,54 y $ 49.014,66, respectivamente.

La operación se concretó a través de la cuenta que José Fernando Bucaram Aivas habilitó en la casa de valores Vector Global WMG, según consta en la sentencia de la Corte Constitucional.

El dictamen de la Corte

El dictamen de la CC se expidió el 18 de abril de 2024, con la aprobación unánime de los nueve jueces constitucionales.

Se aceptó una acción extraordinaria de protección planteada por el Ministerio de Agricultura, la Procuraduría y diez empresas camaroneras en contra de sentencias de primera y segunda instancia, emitidas por una Unidad Judicial de Quevedo y la Corte de Justicia de Los Ríos, a favor de los hermanos Bucaram Aivas.

En 2021 los hermanos plantearon un recurso de habeas data contra el MAG y la Procuraduría General del Estado, para recuperar la propiedad de un terreno en Palo Santo (Guayas) que adujeron le perteneció a su padre en el pasado, cuya titularidad fue eliminada en 1985 por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (Ierac).

Un juez de la Unidad Judicial de Quevedo les dio la razón. Las entidades públicas apelaron, pero dos jueces de la Corte de Justicia de Los Ríos rechazaron el recurso y ratificaron la sentencia de primera instancia. Los magistrados no solos ordenaron la restitución de la propiedad del bien, sino que, por pedido de los accionantes, dispusieron el pago de la millonaria indemnización.

Pero la Corte Constitucional determinó que los magistrados se excedieron y desnaturalizaron el recurso de habeas data. Por ello, se dejaron sin efecto las sentencias, se ordenó la recuperación de los bonos pagados a los hermanos y declaró que los dos jueces de la Corte de Los Ríos incurrieron en error inexcusable.

Además, se pidió a la Fiscalía que inicie una investigación contra los dos magistrados de la Corte y el juez de la Unidad Judicial de Quevedo, con el fin de verificar si existen elementos relacionados con el delito de prevaricato. (I)