Reinaldo Armijos: Petroecuador debe indicar por qué no ha cambiado la normativa si estaban inconformes

El 30 de julio, el mismo día que se realizó un millonario concurso de compra de 2,24 millones de barriles de diésel, en el cual la virtual ganadora es la empresa Trafigura (por su mejor oferta), Petroecuador emitió una comunicación diciendo que trabaja en sus normas antisobornos. El anuncio se lo hizo en medio de constantes críticas a la empresa estatal por continuar manteniendo a esa empresa privada, señalada por sobornos a funcionarios de Petroecuador, en las cortes de EE. UU., como su proveedora. Sin embargo, en su comunicado, Petroecuador aprovechó para indicar que la normativa sobre el retiro del registro a empresas con problemas de corrupción fue cambiada en septiembre del 2023 por un exfuncionario de la empresa (en referencia a Reinaldo Armijos, exgerente de Comercio Internacional) y que ahora solo se puede separar a una empresa si tiene una sentencia ejecutoriada en su contra por temas de corrupción.

Sobre el tema, Armijos -el funcionario en cuya administración se dio el cambio- asegura que esta normativa no está escrita en piedra y que si la reforma fuera ilegal o inconveniente debería cambiársela. Le parece una contradicción que ahora se critique la norma vigente, cuando quienes la estructuraron en conjunto siguen trabajando en la empresa en los mismos cargos de responsabilidad.

Petroecuador ha señalado que están llevando adelante una política anticorrupción, pero mencionan como un problema el cambio de normativa que usted hizo, en septiembre del 2023. ¿Usted cómo mira este pronunciamiento?

Es un comunicado impreciso. Una sola persona no tiene la capacidad de cambiar ninguna normativa. Fueron cuatro áreas las que participaron, incluida el área jurídica. Esta normativa pudo haber sido cambiada si hubiese sido procedente. Llama la atención que no haya habido un cambio de la normativa si estaban inconformes. Además, la norma 37001:2016 antisobornos ya se empezó a aplicar a finales del 2021. En 2022 fue más estructurada y en junio del 2023 ya empezó su aplicación, no es nada nuevo.

¿Cuáles eran las razones que le llevaron a hacer ese cambio de normativa?

El cambio que se hizo fue requerido por las áreas comercial, de operaciones y logística de la gerencia de Comercio Internacional. Quien hizo el requerimiento fue Tania Cerón, subgerenta de Aduanas y Soporte y quienes validaron desde el área jurídica fueron Carolina Mercedes Estrella y María José Trujillo. Fue aprobado y autorizado por mi persona, como gerente de Comercio Internacional. El problema era que la norma en el artículo 38 que estipulaba las causales para no registrar en la lista de proveedores a las empresas, no era clara no tenía modo de aplicabilidad. El área jurídica revisó y vio que la norma no estaba alineada con los preceptos constitucionales del Ecuador. En tercer lugar, al momento de aplicar la norma era demasiado abierta. No explicaba cuáles eran los delitos en los que la empresa tenía que estar inmersa. Al momento de no tener un argumento jurídico para sacarles, se puede incurrir en un tema de violación de derechos constitucionales.

Con la anterior normativa se pudo castigar a empresas como Vitol y Gunvor, empresas que habían aceptado sobornos, y con el cambio se favoreció a Trafigura al poner la condición de que haya sentencia ejecutoriada. ¿No le parece que fue un retroceso?

Lo que se hizo fue poner el reglamento conforme a la Constitución. Es que si una empresa con base en el reglamento se ve retirada del Registro y se ve vulnerada, Petroecuador podría tener un proceso judicial, por afectar los derechos constitucionales. Existe la famosa presunción de inocencia. Mientras cualquier empresa, no hablando de Trafigura, no tenga un dictamen negativo que demuestre culpabilidad, no se le puede aplicar la normativa solo por información de medios de comunicación, por correo, sino que debe estar oficiado por los organismos de control. Lo contrario podía afectar la seguridad jurídica, porque una empresa va a decir si voy a invertir y si me nombran en una denuncia, podrían sancionarme, sin haber comprobado que soy culpable. Pero más allá de esto, la norma es perfectible. Y las autoridades actuales pueden cambiar la normativa, pues no está escrita en piedra. Esta normativo ha sido cambiada por 30 veces al menos. Entonces la pregunta es porque si se tiene esa percepción de que se está beneficiando a una empresa, porque no se cambia la normativa. Por qué se sigue dejando participar a las empresas, que tanto dicen está nombrada por corrupción.

Usted nombró a tres funcionarias de Petroecuador que habrían decidido este cambio de normativa. ¿Estas personas siguen ahí y podrían cambiar la normativa?

Las tres funcionarias: Cerón, Estrella y Trujillo siguen en los mismos puestos. Cerón se acercó a mí a indicarme que la normativa no es aplicable y que se requería el cambio. Se mandó al área jurídica para su aprobación. Entre tanto, Sebastián Brito es el actual gerente de Comercio Internacional, responsable del área.

¿Cómo puede ser que estos funcionarios digan que la normativa no sería la correcta, pero siguen dando contratos a Trafigura?

Petroecuador debe indicar por qué continúa, por qué no ha cambiado la normativa, ya que es perfectible. Las alertas ya salieron desde enero y febrero. En ese momento la gerenta Marcela Reinoso, Sebastián Brito, Tomás Márquez, no han hecho nada. Además, no es el único concurso que Trafigura ha ganado este año. Por qué no hicieron algo al respecto si tanto daño hace.

Dígame usted su hipótesis…

La razón es que jurídicamente la normativa fue hecha acorde con la Constitución ecuatoriana. No puede sacar a ninguna empresa si no se sustenta conforme las leyes y la Constitución. Ellos tal vez quieren dañar una imagen de un exfuncionario. Todas las personas que participaron en el cambio validaron y ahora siguen trabajando en la empresa.

¿Por qué les resulta usted incómodo?

Desconozco. Pero actualmente el responsable del tema es Sebastián Brito, actual gerente de Comercio Internacional, que no está informando debidamente a las autoridades de Petroecuador cuál fue el origen del cambio de la normativa.

¿Puede ser, tal vez, que hay alguna incomodidad por el tema de seguros, ya que usted fue quien terminó el contrato con Seguros La Unión y en seguida se le removió del cargo?

Yo creería que está más alineado sobre una búsqueda de información que hice luego de que periodistas me comentaran de una denuncia sobre la gerencia de Comercio Internacional. Se trata de un contrato de remolcadores y el aumento de precios que habría sido aprobada por Sebastián Brito y que tendría como accionistas de la empresa ganadora a empleados de esa gerencia. Yo solicité información a excompañeros para poder comentar ante la prensa. Pero la respuesta ha sido que ese no es un tema que me competa. A partir de ello, me empiezan a mencionar en el comunicado.

¿Sobre el tema de Seguros La Unión, cree que fue una decisión adecuada haber dejado insubsistente el contrato, pues enseguida usted fue separado de la empresa?

Lo que hice fue aplicar las cláusulas. En ese proceso teníamos un tema fiscal, hubo allanamientos, hubo un juicio. Pedimos informe a la jefatura de Seguros y nos informaron que no se siguió el proceso, se pagó $ 44 millones antes de tiempo. Lo que hice fue una terminación anticipada por efectos de investigación y revisión del proceso en el manejo de las finanzas públicas. Entiendo que ahora Petroecuador tiene otra aseguradora. Entonces la decisión fue la correcta. (I)