La mañana de este lunes 13 de septiembre, la Corte Constitucional llevó a cabo la audiencia (telemática) sobre la acción extraordinaria de protección ingresada por Santiago Guarderas y Mónica Sandoval en contra del fallo de la Corte Provincial de Pichincha. Esta dejó sin efecto la remoción de Jorge Yunda como alcalde de Quito.

La jueza sustanciadora, Karla Andrade, informó que el caso continúa su curso y que emitirá un proyecto de resolución para que el pleno de la máxima entidad judicial decida aceptar o rechazar el pedido.

Andrade determinó el plazo de tres días para legitimar las intervenciones en la audiencia. También mencionó que las partes podrán enviar los escritos que crean pertinentes para ampliar las exposiciones realizadas este lunes.

Los abogados representantes de los concejales Santiago Guarderas y Mónica Sandoval fueron Juan Francisco Guerrero y Emilio Suárez; en la transmisión también apareció Guarderas, pero no se pronunció.

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Los representantes de los accionantes sostienen que la acción de protección otorgada en dos instancias configuraría una superposición de vías legales, actuando en contra de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ente que ratificó lo actuado por el Concejo Metropolitano (el pasado 3 de junio) aprobando la remoción del alcalde con 14 votos a favor.

Además, puntualizaron que la Corte Provincial de Pichincha falló sobre otras razones, no sobre el tema que denunció Yunda, que era el informe de la Comisión de Mesa.

Por su parte, el abogado defensor de Jorge Yunda, Jorge Zavala, se centró en criticar que no se atendió el pedido de recusación que interpuso su defendido en contra de Santiago Guarderas. “Apenas se devolvió por parte de la Comisión de Mesa y se negó en el Concejo Metropolitano, pero no se sustanciaron las razones”, enfatizó.

Además, mencionó que la Constitución de la República establece el derecho a la defensa cuando se vulneran los derechos constitucionales, por ello, explicó que se acudió a las acciones de protección que solicitó Yunda.

La jueza Belén Domínguez, quien aceptó de manera parcial la acción de protección, en primera instancia, compareció en la audiencia. En esta, dijo que ella sí respetó la institucionalidad del TCE, por ello desestimó tres de los cuatro cargos que denunció Yunda.

El que sí aceptó fue el principio de imparcialidad, según Domínguez este derecho se vulneró al ser juez y parte los cuatro integrantes de la Comisión de Mesa (Santiago Guarderas, Fernando Morales, Mónica Sandoval y Analía Ledesma).

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Marcia Flores actuó en representación de Raúl Mariño y Cenia Vera, jueces de la Corte Provincial de Pichincha que rechazaron la apelación y dejaron sin efecto el procedimiento de remoción sobre Jorge Yunda.

Flores dijo que “nada hubiese pasado” si se respondía de manera sustanciada el pedido de recusación que ingresó Jorge Yunda. “Era deber de la Comisión de Mesa responder este pedido, pero se responde que no le corresponde tomar conocimiento y devuelven el pedido”.

También argumentó que Guarderas se convirtió en juez y parte porque en uno de los elementos del pedido de remoción se establece que Yunda no llamó a sesiones de directorio del Metro de Quito.

Sobre el caso, Yunda ha dicho que designó como encargado de ello a Santiago Guarderas. “Cuando la Comisión de Mesa aceptó como causal de remoción, ahí se convierte en juez y parte”, añadió.

Por parte de la Procuraduría General del Estado se expresó que su representante, Karola Samaniego, denunció que ninguna de las recomendaciones de este organismo fueron tomadas en cuenta por la Corte Provincial.

La acción de protección actuó por encima de la consulta que se hizo al TCE, que es el organismo electoral de última instancia e inmediato cumplimiento, declaró.

En defensa del concejal Fernando Morales se presentó el abogado Édison Carrillo, quien denunció que no se ha tomado en cuenta la irregularidad del sorteo de la denuncia que llegó a manos de la jueza Belén Domínguez.

También explicó que la Comisión de Mesa es la única que podía generar el informe que no era vinculante y que la ley establece que ellos sean los que formen parte del pleno del Concejo para la votación.

La procuradora Metropolitana de Quito, Gabriela Obando, finalizó las intervenciones. La funcionaria municipal dijo que la denuncia ingresada por Santiago Guarderas fue extemporánea porque aún no estaba ejecutoriada la sentencia de la Corte Provincial.

La jueza Karla Andrade no admitió la intervención de terceros interesados, sin embargo, aceptarán los escritos enviados. Mientras tanto, la pugna por la Alcaldía de Quito continúa a espera de una solución por parte de las instituciones pertinentes.

Marchas a favor de Jorge Yunda

Desde la mañana se registró un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional con simpatizantes de Jorge Yunda. Varios representantes de barrios y organizaciones sociales de la ciudad acudieron con banderas, tambores y carteles.

Al mediodía se registró una marcha por la avenida 6 de diciembre, también en respaldo del actual alcalde de Quito.

QUITO (13-09-2021).- Representantes de diferentes sectores de la ciudad de Quito marcharon en apoyo al alcalde Jorge Yunda. Foto: Carlos Granja Medranda

Por el momento la ciudadanía y autoridades están expectantes de las decisiones que tomen tanto el Tribunal Contencioso Electoral, que analiza una presunta infracción electoral por parte de Jorge Yunda y la Corte Constitucional que hoy dio un primer paso mediante la audiencia de los accionantes y accionados. (I)