Lote A3-6, el barrio de Quito que convive entre necesidades, irregularidades, invasiones y enfrentamiento entre vecinos

En la capital de Ecuador hay lugares donde la luz llega a las casas por medio de postes improvisados, con cables de luz cruzando terrenos, sin una planificación; calles de tierra con grietas y cráteres; cerramientos de alambre de púas, sarán o cemento. Pero no cuentan con servicios básicos, como el alcantarillado o agua potable.

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Todas las necesidades se concentran en el lote A3-6, un asentamiento del norte de Quito que tiene terrenos en proceso de regulación e invasiones con notificaciones de desalojo.

En el lugar, de aproximadamente 500.000 metros cuadrados, existen 1.078 familias que buscan la legalización, y se desconoce el número exacto de asentamientos en la modalidad de invasión.

Para entender la situación de ilegalidad en la que viven por más de 30 años muchos de los habitantes del sector es importante retroceder al pasado. Este gran pedazo de terreno fue parte de una hacienda, que luego pasó a propiedad de una compañía.

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Años más tarde se subdividió el lote A3 en varios pedazos, especialmente el A3-6, que pasó a la propiedad de un ciudadano que en 1993 dividió en terrenos de 200 metros y vendió a quienes todavía luchan por conseguir las escrituras de su bien.

Desde entonces comenzó el problema de la legalización de los terrenos. Isabel Escobar, representante del barrio Valle Hermoso del Bosque, uno de los pocos que cuentan con adoquinado y servicios básicos, señaló que una empresa inmobiliaria les volvió a vender los mismos terrenos, pues les informaron que ese requisito era necesario para concretar su compra legal.

En total, cada propietario de terreno gastó tres millones de sucres en las dos compras. Sin embargo, nunca recibieron sus títulos de propiedad.

Durante décadas han luchado para que el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Calderón les ayude con obras; a esto se ha sumado la inversión de los mismos propietarios y el Consejo Provincial de Pichincha, según afirman los ciudadanos.

A la par, el Municipio inició un proceso judicial en contra del primer sujeto que vendió y dividió los terrenos. Luego de un juicio coactivo, el terreno pasó a ser propiedad del Municipio, con la aprobación de los habitantes, pues se les ofreció legalizarlo.

De hecho, el Concejo Metropolitano aprobó la ordenanza 106, que establece la regulación y fraccionamiento de estos terrenos. Sin embargo, según María del Cisne López, actual directora de la Unidad Técnica Especial Regula tu Barrio, esta normativa tuvo varias inconsistencias técnicas, por lo que tuvo que sufrir un reajuste.

El 30 de agosto de 2022 se aprobó esa reforma a dicha ordenanza, en la que se establece que los propietarios deben cumplir ciertos requisitos para ser legalizados; además, al ser terrenos del Municipio, deberán comprarlos de manera directa.

Es decir, existen propietarios que deberán pagar por tercera ocasión para poder ser dueños de sus tierras, 30 años después.

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Luis Fernando Campos es uno de los afectados. Él cuenta que junto con sus vecinos entregaron la documentación al Municipio para que los ayudara con las escrituras y que estuvieron cerca de obtenerlas, pero les anunciaron que deberán pagar un valor por su terreno.

“No es justo que el Municipio vuelva ahora a ser un traficante de tierras. Sin embargo, nosotros no hemos abandonado nuestros terrenos, y aquí seguiremos en pie de lucha hasta que nos cobren el justo precio, porque esto era monte, y el Municipio aquí no tiene puesta una sola piedra”, enfatizó.

Rosa Escobar tiene 53 años. Cuando tenía 23 compró dos lotes, y tuvo que migrar a Venezuela para poder pagar los terrenos. Durante ocho años trabajó de empleada doméstica y atendiendo en una joyería.

Para ella, no es justo que después de haber pagado tres millones de sucres por cada terreno ahora se le cobre desde el Municipio $ 37,00 por cada metro cuadrado.

“Todas las obras se hicieron de nuestras manos; el Consejo Provincial nos ayudó en algo, pero el resto lo pusimos nosotros. El Municipio no nos ha dado nada. Yo, para poder cerrar mi terrero con paredes, siempre me cae la AMC (Agencia Metropolitana de Control). Tenemos una multa de $ 7.000, y no es justo; no puedo poner nada. Si yo migré fue para vivir en algo justo y digno, no es que me he cogido algo que no es mío”, aseveró.

El avalúo que les ha dado el Municipio es variable y depende de la ubicación de los terrenos. Por ejemplo, en este sector, los de 200 metros cuadrados estarían en un costo de $ 7.400 que deben pagar los habitantes, y no están conformes con ello.

Invasiones entre los terrenos ilegales

Paola Jácome buscaba junto con su esposo e hijos un lugar donde construir su casa propia. Hace seis años encontraron a un ciudadano que les vendió el terreno en $ 6.000. Ellos no se imaginaron que encontrarían un lugar sin servicios básicos y el escenario de conflicto de vecinos.

Al inicio se arreglaron para acceder al agua potable y luz eléctrica. Junto con sus vecinos consiguieron que se instalara un medidor desde donde toman la energía con cables y postes improvisados. Han enviado una serie de oficios al Municipio, pues siempre quisieron entrar en el listado de los usuarios legales.

Ahora les informaron que tendrán que pagar un valor que estaría cercano a los $ 12.000. “De que nos toca, nos toca pagar, sí, pero no un valor tan alto (…). No me parece justo que se pague dos veces, como nos habían dicho en el Municipio. Nosotros pagamos a un traficante de tierras y, como esto ahora pertenece al Municipio, nos toca pagar ese valor”, señaló.

A pocos metros de su casa se ubica una quebrada que está completamente contaminada con basura y escombros. Reconoció que ahí existen muchas viviendas que no tienen ni un sistema de desagüe, eso sin contar con las invasiones.

Un poco antes de la llegada de la pandemia, ella fue víctima de un ataque por parte de unos vecinos. Paola indicó los arreglos que ha tenido que hacer, porque las ventanas y puertas fueron destruidas. Ella también tuvo heridas; un video consta en redes sociales sobre el ataque que recibió. Desde entonces han vivido una serie de amenazas de quienes viven a metros de distancia.

“Desde el 2019 vinieron con machete en mano, con armas de fuego. Aquí en mi barrio ya van matando tres animalitos, y hubo un asesinato (…). Se posesionaron, y nosotros hemos gestionado con la Secretaría de Asentamientos Irregulares. Ya se les notificó a algunos; estamos a espera de los desalojos”, argumentó.

María del Cisne López dijo que, en efecto, el Municipio anunció a dicha secretaría sobre el asentamiento de aproximadamente 80 viviendas en terrenos que no les pertenecen y en puntos designados como áreas verdes.

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Pero, según los habitantes del sector, existen más de 200 invasiones alrededor de todo el lote A3-6. Lo que más indignación ha generado entre ellos fue que en algunas ocasiones llamaron a la Policía para que los protegiera de los ataques de los vecinos; no obstante, los agentes habrían respondido que cómo podían actuar a favor de quienes tampoco tienen un terreno legalizado, que estarían en medio de una pelea de habitantes ilegales.

Así, los ciudadanos han ofrecido realizar plantones en los exteriores del Municipio. Piden que se los regularice y que no se cobren precios exorbitantes por los terrenos, por los que la mayoría pagó hasta dos veces. No saben si la solución estará en manos de Santiago Guarderas, actual alcalde, o de Pabel Muñoz, alcalde electo que asumirá funciones el 14 de mayo. (I)