Sofía Almeida, quien mantiene una disputa con Hernán Ulloa por la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), hizo pública, en su cuenta de Twitter, la entrega de un oficio dirigido a la Policía Nacional con la medida cautelar que dispone su resguardo policial como titular “legítima” del organismo en cumplimiento de lo dispuesto en una resolución judicial.

El documento posteado por Almeida es de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Samborondón (Guayas), firmado por la jueza Karly Vargas Alvarado, y trae un sello de recibido del comando general de la Policía Nacional, el viernes 11 de febrero del 2022, a las 17:15.

Vargas ratificó la permanencia de Almeida como presidenta del Consejo, dejó sin efecto los actos de la remoción de su cargo y señaló que únicamente el mismo juez que dictó la medida cautelar puede revocarla, y de la negativa existe la vía de la apelación ante el superior.

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El mismo documento fue puesto en conocimiento de la Defensoría del Pueblo.

Mientras, la nueva mayoría del CPCCS, integrada por Ulloa y los consejeros Ibeth Estupiñan, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, tiene prevista una reunión para el lunes 14 de febrero a las 10:00, en Quito, según contó este último.

Bravo señaló que buscaban el local donde sería la cita, pues —aseguró— el edificio donde funciona el Consejo de Participación Ciudadana, en el centro norte de Quito, está tomado por la familia de Almeida y por amigos del consejero David Rosero. Esos dos consejeros, junto con Javier Dávalos, integran la minoría del organismo.

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El sitio para la reunión estaría entre un lugar para eventos o algún salón de una universidad.

Entre los temas que se incluirían en el orden del día estarían la reforma al reglamento para la designación del contralor general del Estado.

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En tanto, en los exteriores del Consejo de Participación Ciudadana, antes del mediodía de este sábado 12 de febrero del 2022, no hubo movimiento. Las puertas del organismo permanecían cerradas.