Con lanzas, danza y tambores, miembros de la guardia indígena, habitantes, representantes y abogados de las nacionalidades amazónicas Huaorani y Cofán se apostaron en los exteriores de la Corte Constitucional, en el norte de Quito. La mañana de este martes ingresaron una acción de incumplimiento en contra del Estado, al no acatar dos sentencias a favor de sus territorios.

Entre las sentencias se encuentra la eliminación de 52 concesiones mineras otorgadas por el Gobierno (en el periodo del expresidente Lenín Moreno), las cuales fueron revertidas por la afectación que causarían al estar ubicadas a orillas de los ríos Aguarico y Chingual.

Además, Wider Guaramag, presidente de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, puntualizó que la sentencia exige la reparación integral de la parte afectada por la minería que inició su intervención. “Hoy, varios años que no se ha cumplido ni por el Ministerio del Ambiente ni el Ministerio de Energía y Minas. No han hecho nada sobre dichas sentencias”, enfatizó.

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En los exteriores de la Corte Constitucional, los pobladores reclamaron que no se ha sacado de ese lugar a las concesiones mineras, sino que se han mantenido suspendidas, pero esto impide la reparación.

María Espinosa, abogada representante del pueblo huaorani, dijo que les sorprende que, en el marco de las mesas de diálogo entre el Gobierno y representantes indígenas, el ministro subrogante del Ambiente haya informado que están haciendo sus mejores esfuerzos para cumplir la sentencia en el caso Sinangoe, pero que la comunidad no ha sido contactada.

QUITO.- Habitantes indígenas de las comunidades Cofán y Huaorani presentaron una acción de incumplimiento de sentencia en la Corte Constitucional para exigir la ejecución de dos sentencias que prohíben concesiones mineras en sus territorios. Foto: Alfredo Cárdenas.

Jorge Acero, abogado de Sinangoe y Amazon Frontlines, indicó que, por la urgencia de la afectación ambiental y el riesgo que significa para las comunidades cercanas, la Corte Constitucional deberá responder de forma inmediata las medidas por tomar a favor de las sentencias.

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También acotó que los jueces deberán iniciar procesos disciplinarios y sancionatorios para las autoridades que no han acatado estas sentencias. (I)