Los juicios políticos pendientes que quedaron aprobados por el último Consejo de Administración Legislativa (CAL), e inclusive el planteado recientemente por la Revolución Ciudadana (RC) en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, están en la lista de las papas calientes del Legislativo que se instala este 17 de noviembre.

Son cuatro los juicios políticos cuya discusión y resolución final está pendiente, según el exasambleísta Luis Almeida.

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La nómina incluye el planteado en contra del actual presidente de la República, Guillermo Lasso, quien entrega el cargo este 23 de noviembre al mandatario electo, Daniel Noboa, del movimiento Alianza Democrática Nacional (ADN).

El juicio político en contra de Lasso fue suspendido luego que el primer mandatario decretó la muerte cruzada, que implicó las elecciones generales que derivaron en la elección de Noboa y de estos legisladores, los que estarán en el cargo hasta mayo de 2025 (un año y seis meses).

“El cierre de la Asamblea significó que no hay democracia; entonces, la reanudación implica el retorno a la democracia. Y estos juicios políticos ya aprobados (por el periodo legislativo destituido) no se pueden suspender ni archivar por archivar. La ley obliga a retomarlos”, asegura Almeida.

También está el juicio aprobado en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre ellos Diana Atamaint y Enrique Pita.

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Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo, afirma que en este último caso podría darse el pedido de un nuevo juicio político. “Recordemos que existen asambleístas de la organización política Construye que dijeron que la repetición de las elecciones en el exterior conllevaría al planteamiento de un juicio político”.

Además del planteado en contra de dos de los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ), de los que Fausto Murillo sigue siendo parte del organismo. El otro era Juan José Morillo, quien quedó inhabilitado ya que enfrenta un juicio penal, lo que le impidió seguir en el cargo.

“El Consejo de la Judicatura enfrenta cuestionamientos desde distintos sectores por el actual concurso de designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Hay causales distintas y, por esa razón, también se requerirá el planteamiento de un nuevo juicio político”, dice Espinel.

De los que ya no están en el cargo, el efecto sería la censura, es decir, la imposibilidad de ocupar un cargo público, precisa.

El último proceso que quedó pendiente es el del exministro de Transporte y Obras Públicas Darío Herrera, recuerda Almeida.

La hoja de ruta sería que el pleno designe a dos legisladores para que sostengan la acusación como interpelantes, en caso de que quienes plantearon estos juicios previamente ya no sean parte del Legislativo.

Los dos legisladores acusadores de Lasso fueron la correísta Viviana Veloz, quien fue reelecta, y el exasambleísta Esteban Torres; este último tendría que ser reemplazado, dice Almeida.

Otra de las papas calientes podría generarse ante la propuesta del juicio político en contra de la fiscal Salazar, que es uno de los pedidos realizados por Rafael Correa, expresidente de la República (2007-2017) y líder del movimiento RC, que es la bancada más numerosa del Legislativo.

“Sin embargo, esto último no puede ser enseguida, porque primero tienen que evacuar todos los juicios que hay en lista. Hay una ley que obliga a eso”, dice Almeida. Se trata de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

También, el posible juicio político en contra de Salazar requerirá que pase por el CAL. “Aquí se evidenciará el respeto de los acuerdos a los cuales se esté llegando dentro de la Asamblea Nacional”, dice Espinel.

La alianza anunciada entre los movimientos RC, ADN y el Partido Social Cristiano da una señal de gobernabilidad inicial, pero esto puede cambiar el fin de semana, cuando se conformen las comisiones.

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La politóloga Arianna Tanca Macchiavello indica justamente que otra papa caliente se daría en el momento de conformar las distintas comisiones de la Asamblea. “Veremos si la alianza sobrevivirá (este 19 de noviembre, en que definen comisiones). Puede ser que solo se hayan puesto de acuerdo para poner al presidente y a los dos vicepresidentes (del Legislativo). Este tema de las comisiones nunca es fácil, siempre hay peleas; por eso, nuevamente terminan acabándose las alianzas”.

El problema, agrega, es que los términos de la alianza no se han hecho públicos. “Este es un error muy común de los políticos ecuatorianos, de que no le comunican a la ciudadanía sobre en qué se están poniendo de acuerdo. No tiene nada de malo que hayan pactado para designar las comisiones según el perfil de los asambleístas, pero que también en estos acuerdos se incluyan los temas de urgencia nacional”, dice Tanca.

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El contenido de reforma a través de una consulta popular que Noboa tiene previsto plantear ante la Corte Constitucional (CC), la que debe aprobar las preguntas, también provocaría discrepancias en el interior del pleno.

No se conocen los planteamientos, pero a la nueva Asamblea le tocaría viabilizar estas reformas en caso de que la ciudadanía las apruebe en las urnas con la modificación de las normas, dice Espinel: “El pronunciamiento de la ciudadanía es mandatorio”.

Todo dependerá también de si se requiere o no la intervención del Legislativo para dar paso a estos cambios. “Hay que esperar el contenido de esta consulta popular de Noboa para saber si tendrá o no algún tipo de relación con los legisladores”.

Lo más apremiante sería analizar y consensuar la reforma tributaria bajo el concepto de reducir los impuestos para reactivar la producción. Esta podría ser la primera prueba del nivel de gobernabilidad que se podría alcanzar en el Legislativo, que tiene cuatro bancadas aseguradas. Estas son las de los movimientos RC, Construye y ADN, y la del PSC.

Otro tema álgido sería la reforma laboral y de la seguridad social, que quedó pendiente en la Asamblea destituida.

En estas se incluye el debate sobre nivelar la diferencia del periodo de vacaciones entre los trabajadores de los sectores público y privado. Los primeros tienen 30 días al año, y los segundos, 15 días. “Este es un escollo que debe dirimir el Parlamento”, afirma Almeida.

Igualmente está la disposición de que la presidencia del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) recaiga también en los representantes de los empleados y de los empleadores. “Aquí también esta la prohibición de que el Estado meta la mano en los fondos de los afiliados”, manifiesta Almeida.

En el caso de la reforma a la seguridad social, el planteamiento viene de la ciudadanía con la recopilación de 75.000 firmas.

Sin embargo, dice Espinel, se puede prever una serie de temáticas, pero puede ser que eso no suceda. “Estamos en una coyuntura tan volátil que todo puede cambiar”. (I)