“Estoy muy orgullosa de las fuerzas del orden que han actuado dentro de sus competencias y asumen esta gran tarea de combatir el terrorismo con la ley en la mano”, dice la ministra de la Mujer y Derechos Humanos (DD. HH.), Arianna Tanca Macchiavello, respecto al accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el marco del conflicto armado interno que vive Ecuador. Organismos nacionales y extranjeros han advertido de abusos, basados en videos que se difunden en redes sociales.

La titular de esta cartera de Estado recalca que los miembros de las fuerzas del orden se capacitan constantemente en derechos humanos y que las cúpulas están al tanto de cuáles son sus obligaciones y derechos.

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“Recordemos que los soldados, nuestra fuerza pública que está dando el pecho a las balas, en muchas ocasiones tienen tres segundos para tomar decisiones”, agrega. Y que lo positivo es que “hay un interés genuino de capacitarse y de materializar los lineamientos de los derechos humanos”.

Uno de sus logros en el mes y medio que lleva en el cargo ha sido, indica, evitar que se recorten $ 600.000 del presupuesto de $ 2,6 millones al año que se asigna a las casas de acogida, que atienden a las mujeres que son víctimas de todos los tipos de violencia.

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Voceros de los organismos de derechos humanos han expresado su preocupación por videos en los que se ve uso excesivo de la fuerza en contra de detenidos en el marco del conflicto armado interno. ¿Qué ha hecho el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos al respecto?

Tenemos la rectoría de proveer lineamientos de la política pública en cuanto a derechos humanos. En ese sentido de las competencias del ministerio ya hemos oficiado a las autoridades competentes sobre cómo manejar estos temas en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Asimismo, hicimos acercamientos y hemos socializado de qué van estos estándares con la fuerza pública y esto ha sido tomado de una manera muy cálida, han sido muy abiertos con las recomendaciones. Incluso, ellos mismos han mostrado su propia preocupación al respecto. Es necesario puntualizar que muchos de esos videos que están en redes sociales ni siquiera son ciertos, muchos de ellos son viejos, hemos recibido alertas de posibles videos falsos o creados, producidos para generar la sensación de que se está configurado un acto de tortura. Al momento se está investigando, no por parte de esta cartera de Estado porque no tenemos esa competencia, pero incluso dentro de las fuerzas públicas se han iniciado investigaciones y también la Defensoría del Pueblo está investigando esos videos porque claramente hay que dar una respuesta.

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Hay abogados que hablan de posibles demandas al Estado por lo que aseguran serían vulneraciones de los derechos humanos de los retenidos.

En ese caso no tenemos competencias judiciales para ello. Respetamos ese trabajo, pero en el marco de nuestras competencias hemos dado las directrices, el respaldo jurídico a las fuerzas del orden para que puedan enfrentar posibles procesos judiciales, ese realmente es nuestro trabajo. Apoyar a las fuerzas del orden en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario.

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¿Qué papel tuvo el Ministerio de la Mujer y DD. HH. en la declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador por parte del presidente de la República, Daniel Noboa?

Nuestro ministerio no tiene competencias jurídicas, no tiene competencias de emitir decretos, pero hemos trabajado en conjunto con diferentes instituciones justamente para que el proceso histórico que está viviendo el Ecuador se haga en el marco nuevamente del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de guerra. Cabe recalcar que establecer la paz ciudadana y recuperar la paz del país no es antagónico con un régimen de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. No son dos cosas separadas. Son dos cosas que van de la mano porque no podemos hablar de paz y seguridad nacional sin el respeto a los derechos humanos, que son para todos los ciudadanos, para proteger a los civiles, para proteger a nuestras Fuerzas Armadas, porque hasta en el infierno hay reglas, y esas reglas son las que hoy también están protegiendo nuestras fuerzas del orden.

En las comunicaciones oficiales se utiliza el término de terroristas para identificar a todos los que son detenidos en medio del conflicto armado interno, sin diferenciar a los que son aprehendidos por delitos comunes o incluso hasta inocentes.

Hay que tener una diferencia muy clara. Hay dos decretos vigentes, 110 y 111. El 110 determina el estado de excepción y el 111 ya habla de un régimen especial. Entonces, los grupos armados que están mencionados en el Decreto 111 son aquellos considerados terroristas y objetivos militares con los cuales se opera dentro del derecho internacional humanitario, que no se desprende de un régimen de derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, cuando hablamos del 110, hablamos de otro tipo de régimen, donde se aplica otro tipo de reglas. En ese sentido, quien tiene el protagonismo es la Policía Nacional en complementariedad con las Fuerzas Armadas. En ese caso, cualquier persona no va a ser considerada terrorista. Hay que estar muy claros cuando se opera bajo el 110 y bajo el 111. Las fuerzas del orden tienen clarísimo cuáles son las competencias en cuanto a cada uno de esos decretos.

¿Cuál es el alcance de los DD. HH. en ambos decretos?, ¿no debe haber limitaciones en la vigencia de estos o la situación de conflicto armado interno establece un escenario diferente?

Los derechos humanos nunca dejan de estar vigentes, jamás, así sea estado de excepción o un régimen especial. Lo que sí cambia es que en el momento que se declara un conflicto armado interno, las reglas del juego cambian, están determinadas por el derecho internacional humanitario. En ese sentido, el uso de la fuerza cambia y por eso es tan importante hablar del derecho internacional humanitario porque se establecen cómo se utilizará la fuerza y bajo qué contexto. No significa que no se puede utilizar la fuerza, se dice cómo se utiliza, bajo qué contextos. Entonces, estos son los núcleos duros de los derechos humanos. No significa que no se permite utilizar la fuerza y que no se permite atacar al enemigo o eliminar el terrorismo. Significa que se establecen cómo se van a hacer las cosas para garantizar sobre todas las cosas la vida de los civiles y evitar daños colaterales, que no son objetivos militares. Se puede utilizar la fuerza letal. Hay ciertas prohibiciones que son muy claras, la prohibición de tortura, los tratos crueles e inhumanos.

¿A usted le preocupan los pronunciamientos de Human Rights Watch sobre la posible vulneración de los DD. HH. por parte de la fuerza pública estatal y qué hará ante ellos?

No hemos tenido ningún acercamiento con ellos, estamos abiertos. Estamos en un ministerio transparente y de puertas abiertas. En este momento vamos a cumplir un rol fundamental e histórico porque hemos estado de la mano con las fuerzas del orden para poder salir victoriosos en esta guerra contra el terrorismo. No solo en cuanto a establecer la paz y seguridad, pero victoriosos también respetando los derechos humanos. Hemos tenido acercamiento con otras organizaciones internacionales, como por ejemplo la ONU, con quienes ya tuvimos una reunión, nos ha dado su respaldo. Estamos trabajando con un comité técnico para acciones que se van a llevar a cabo en conjunto, y también con la Cruz Roja vamos a tener acercamientos.

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La activista Nina Gualinga del pueblo Sarayaku libra una batalla de casi una década en el sistema judicial en búsqueda de justicia ante el maltrato por parte de su expareja. Su historia es un reflejo de lo que viven las mujeres que son víctimas de violencia. ¿Qué ha hecho para dar celeridad a estos casos?

Es muy cierto lo que dices, esa es la realidad de la mayoría de las mujeres de este país que están buscando justicia, verdad y reparación por la vulneración de sus derechos. Hemos hablado con Nina y trabajado con ella desde que nos enteramos de esto y asumí esta cartera de Estado. Hemos oficiado a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura para que actúen de forma transparente y con celeridad. Hemos trabajado no solo con ella, sino con varias mujeres con las que hemos tomado contacto directo para hacernos cargo personalmente de todos estos casos. Lamentablemente han ocurrido varios femicidios y con mucho orgullo digo que en todos los casos se han activado con celeridad y eficiencia los protocolos que corresponden. Nuestros servicios de protección integral han estado activos en todo momento y han acompañado a las víctimas. Entonces, lamentablemente sí, esta es la realidad de las mujeres del país. Pedimos la información necesaria para nosotros poder actuar dentro de nuestras competencias.

¿Qué dice ante las voces que pregonan que el ministerio que usted preside debería desaparecer?

Este ministerio tiene la enorme responsabilidad de proteger a toda la población vulnerable, sean hombres, o mujeres, sean niños, ancianos o adolescentes. Nuestro presupuesto representa el 0,05 % del Presupuesto General del Estado. Tenemos 394 servidores públicos que no representan ni el 1 % de todos los funcionarios públicos que existen en el Estado. No le podemos dar la espalda a las mujeres, a los niños y a la población en vulnerabilidad. Es irresponsable que se sugiera que este ministerio desaparezca teniendo el contexto de violencia que vive este país, ha aumentado con el contexto de la presencia del crimen organizado y transnacional y el terrorismo, que en muchas ocasiones utilizan a las mujeres, niños y adolescentes como carne de cañón. Este ministerio es absolutamente importante, no solo para las mujeres, niños y adolescentes y la población en vulnerabilidad, es vital para la democracia ecuatoriana, porque las mujeres, niños, adolescentes y hasta los hombres que están en situación de vulnerabilidad necesitan una atención estatal... Estamos del lado de las víctimas y del lado de hacer que se respeten los derechos humanos de toda la sociedad. Si no hay derechos humanos, no hay democracia.

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¿Incluidos los DD. HH. de las personas retenidas?

Sí, por supuesto. Así como en todo el mundo, las personas detenidas, las ppl (personas privadas de libertad) tienen derechos. Y si no se observan esos derechos, incluso se pueden acarrear responsabilidades penales, internacionales y políticas. Hablar de derechos humanos, del derecho internacional humanitario no es sinónimo de debilidad, más bien es sinónimo y orgullo de la profesionalización de nuestras fuerzas del orden que saben cómo hacer su deber en el marco de las leyes internacionales. Hablar de derechos humanos no significa que se está privilegiando un grupo sobre otro. Aquí el privilegio son los ciudadanos de bien, porque la mayoría de ecuatorianos queremos paz, seguridad y prosperidad.

Recordemos que entre las ppl hay mujeres, adolescentes, tercera edad, gente que va presa por infracciones de tránsito, por alimentos, entonces no podemos mezclar las cosas. Por eso la propuesta, que es muy importante del presidente Daniel Noboa de hacer estas cárceles que permitan un poco diferenciar los diferentes tipos de delitos que existen. Y eso también va a ayudar a este proceso de pacificación. Es muy importante esa distinción, sobre todo en el contexto de las masacres carcelarias. Eso va a permitir, primero, un proceso de control de cárceles y, segundo, un proceso efectivo de pacificación. (I)